Domingo, noviembre 09, 2025
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24 febrero, 2022
Redacción PH
Redacción PH
A ocho meses de haberse cerrado por un mandato judicial, este miércoles cientos de alumnos, docentes y trabajadores de la Udlap se reunieron en las afueras de la universidad para atestiguar la devolución delas instalaciones a Cecilia Anaya Berríos, rectora interina que cuenta con el respaldo del patronato de la familia Jenkins.
La comunidad Udlap se congregó desde las 8:00 horas afuera de la entrada principal de la universidad y advirtieron que, en caso de que no se restituyera legalmente el campus, continuaría su paro.
Más tarde llegó Anaya Berríos quien ingresó al campus en compañía de personal del Poder Judicial para iniciar el proceso de entrega-recepción del campus.
De acuerdo con la rectoría de la Udlap la restitución se logró a través del “vehículo jurídico y no contencioso, denominado jurisdicción voluntaria”.
A este punto se llegó después de que el patronato presidido por Horacio Magaña presentó una acción de desistimiento ante el juez 24 de la Ciudad de México, con lo que se abrió la puerta para que se restituyera legalmente a Anaya Berríos.
Tras eso también ingresaron alumnos y docentes de la Udlap quienes junto con reporteros y camarógrafos tomaron fotografías y videos del estado de las instalaciones, las cuales confirman el descuido de 8 meses de cierre.
Los estudiantes también se dieron tiempo para lanzar vitores y celebrar su regreso “en dónde están, en dónde están esos espurios que nos iban a sacar”, cantaron los universitarios.
Más tarde, después de que Anaya Berríos terminara con el asunto legal anunció que será el próximo lunes cuando retomen las actividades presenciales (60 por ciento presencial, 40 por ciento en línea), excepto en los laboratorios.
No debe olvidarse que el conflicto legal entre los dos patronatos continúa. El patronato encabezado por la familia Jenkins, sobre el que recaen denuncias y órdenes de aprehensión pendientes por el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins por más de 700 millones de dólares, y el segundo nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, desde donde se reclama que ese dinero saqueado de las arcas de la fundación se restituya a favor del estado de Puebla.
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