Puebla mantiene el segundo lugar como el peor estado para acceder a la justicia

Maribel Velázquez

Puebla estuvo en el penúltimo lugar a nivel nacional en el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021. Este estudio se centra en analizar aspectos como si las personas tienen acceso a tribunales o si la delincuencia se controla de manera efectiva.

El índice fue elaborado por la organización World Justice Project (WJP) y considera 42 indicadores de desempeño agrupados en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

La puntuación máxima que puede obtener una entidad es uno, la cual representa el respeto total al Estado de Derecho, sin embargo, ninguna entidad del país consiguió esta calificación.

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La mejor evaluada fue Yucatán con 0.47 puntos de uno posible. Puebla consiguió 0.35 y con ello se posicionó en el penúltimo lugar, siendo así una de las peores evaluadas del país, estuvo por encima de Quintana Roo 0.34.

El factor peor calificado en Puebla fue justicia penal con una puntuación de 0.29. La organización detectó problemas en la realización de investigaciones penales, así como en la procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz.

En orden y seguridad la entidad consiguió 0.30 puntos debido a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, la cantidad de delitos en la demarcación y la percepción de seguridad.

En ausencia de corrupción Puebla tuvo 0.33 puntos ya que se detectó corrupción en el poder ejecutivo, judicial, en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como en el poder legislativo.

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En el factor de gobierno abierto se detectó que todavía se puede mejorar la participación efectiva de la ciudadanía en la formulación de políticas pública, así como acceso a la información pública y a los datos abiertos. El puntaje fue de 0.34.

En materia de justicia civil todavía hay un sistema de justicia civil con retrasos injustificados durante el proceso de tramitación y resolución de controversias, entre otros aspectos. La puntuación también fue de 0.34.

En los límites al poder gubernamental, la organización detalla que al poder legislativo, al judicial, así como a los organismos de control le falta para ser un contrapeso eficaz. La puntuación fue de 0.38 puntos.

Los factores mejor calificados fueron derechos fundamentales y cumplimiento regulatorio, en donde la entidad consiguió 0.43 y 0.42. En estos rubros se evalúan aspectos como la ausencia de discriminación, debido proceso legal, libertad religiosa, derechos de propiedad, procesos administrativos eficientes, entre otros.