Redacción PH

Una vez más Article19 denunció acoso del gobierno de Puebla que encabeza Miguel Barbosa Huerta contra medios de comunicación locales: e-consulta y El Popular contra los que ha iniciado un proceso de “hostigamiento administrativo” al ordenar una auditoría.

Este nuevo acoso inició el pasado 10 de noviembre, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas que en un citatorio, para fines de ejecución de una auditoría, exigió más de 20 documentales desglosadas en un plazo de quince días; a e-consulta de los años 2018 y 2019 y para El Popular de 2019 y 2020.

En el documento se advierte que en caso de no proporcionar “en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados”, la autoridad podrá imponer sanciones que van de 19 mil 350 a 58 mil 70 pesos.

Además, podrán existir medidas de apremio consistentes en solicitar el auxilio de la fuerza pública, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes, entre otras.

“Estos requerimientos se suman a una serie de acciones que se traducen en acoso judicial y administrativo, que representa una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos”.

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Esta no es la primera vez que el gobierno emprende acciones legales contra ambos medios, ya en septiembre de 2019 se observó un bloqueo sistemático y descalificaciones, mientras en enero de 2020 iniciaron acciones legales a través de demandas de daño moral que presentaron diversos funcionarios del gobierno estatal.

De acuerdo con Article19, en el caso de e-consulta el acoso se reproduce por medio de la vía civil pues se mantienen siete demandas por daño moral en contra de Rodolfo Ruiz, director del medio, las cuáles se encuentran en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían un total de 37 millones de pesos en indemnizaciones que pretenden obtener del medio.

Mientras que, en el caso de Carolina Fernández, directora de El Popular, el pasado 4 de noviembre se inició una campaña de desprestigio en su contra, a quien se señaló públicamente a través de un medio de comunicación que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarla por lavado de dinero.

Es por ello que la organización defensora de periodistas exige que se frene el hostigamiento administrativo en contra de los medios de comunicación como represalia por su postura crítica frente al gobierno encabezado por Miguel Barbosa.

También le recuerdan al gobierno de Barbosa que es su obligación garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado y los conmina a cesar “cualquier estrategia o conducta tendente a desgastar o paralizar la labor periodística del medio e-consulta y El Popular”.

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Extienden el llamado al Poder Judicial de Puebla para a aplicar los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles que por supuesto daño moral se encuentran abiertos contra Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta.