Con 348 a favor de Morena y sus aliados y 132 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, diputados oficialistas aprobaron el pase del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

En la primera sesión del periodo extraordinario de sesiones del lunes 23 de junio, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que operará la reforma al artículo 26 de la Constitución, cuyo decreto se publicó desde diciembre de 2024, con la que el Coneval será parte del Inegi.

Es decir, las funciones del Coneval se reasignan sus al Inegi para mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación de la Política de Desarrollo Social (PDS).

De acuerdo con la diputada Antares Vázquez, se trata de una “simplificación de la estructura orgánica del gobierno, de evitar duplicidades y el despilfarro de recursos públicos; es decir, seguir en la ruta de que no haya un gobierno rico con pueblo pobre”.

En tanto el diputado Diego Rodríguez del PAN acusó que la reforma no representa un simple ajuste administrativo o un traslado de facultades, sino un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social del país, ya que, aunque el Inegi es una institución respetada, no está diseñada para evaluar políticas públicas ni emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno.

Indicó que al extinguir al Coneval se pierde un organismo autónomo con rigor técnico e independencia que ha sido fundamental para evaluar si los programas sociales realmente están ayudando a combatir la pobreza y la desigualdad en el país.

El dictamen también fija que se derogan los artículos 75 y 76 de la Ley General de Desarrollo Social que establecen que los resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social.

También deroga el artículo 77 que establecía que el Consejo Nacional de Evaluación los someterá a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes.

Además, se sustituyen los términos “Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” y de “Secretaría de Desarrollo Social”, por los de “Instituto Nacional de Estadística y Geografía” y “Secretaría de Bienestar”.

La minuta pasa a Comisiones del Senado de la República para su dictaminación y posteriormente a la Mesa Directiva para que se programe su discusión en el Pleno de la Cámara Alta.