Redacción PH

En sesión pública ordinaria, la LX Legislatura del Congreso del Estado avalaron, por mayoría de votos, el dictamen con minuta Proyecto de Decreto remitido por el Senado de la República, para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.

Con la aprobación Puebla se convierte en la décima entidad federativa en aprobar el Dictamen enviado por el Senado de la República a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales.

A través de las reformas al artículo 108 Constitucional se establece que, durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común, señaló la diputada Vianey García Romero.

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La legisladora consideró que la propuesta del Ejecutivo Federal, avalada por el Congreso de la Unión, busca poner piso parejo para eliminar los privilegios y la impunidad de los gobiernos.

Subrayó que con la aprobación de las reformas Constitucionales se da un paso importante para evitar la justicia selectiva, haciendo responsable al Ejecutivo de cualquier delito, en cualquier momento, tal como ocurre con todas y todos los ciudadanos.

El dictamen fue apoyado, en sus intervenciones, por las y los diputados Tonantzin Fernández Díaz, José Armando García Avendaño, Mónica Lara Chávez y Javier Casique Zárate, quienes subrayaron la importancia de las reformas a la Constitución para evitar que las acciones incorrectas de funcionarios públicos queden impunes.

Mientras que la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez coincidieron al referir que las reformas constitucionales solo amplían el catálogo de delitos por los que puede ser enjuiciado el presidente de la república.

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Por el contrario los diputados Raúl Espinosa Martínez y Mónica Rodríguez Della Vecchia externaron su desacuerdo al Dictamen, por las reformas al artículo 111 que estipulan que para proceder legalmente contra el presidente de la república se debe contar con la aprobación de la Cámara de Senadores.