En una intensa sesión de más de cuatro horas marcada por protestas y confrontaciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con mayoría calificada de 341 votos a favor de Morena y aliados, 124 en contra de la oposición y cero abstenciones, la reforma constitucional que pospone la segunda etapa de la elección del Poder Judicial de 2027 a junio de 2028.

El dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con adiciones de diversas bancadas, modifica los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución. El principal argumento para este aplazamiento es el riesgo de un colapso operativo identificado por el Instituto Nacional Electoral (INE). De mantenerse la fecha original, en 2027 habrían coincidido los comicios judiciales con las elecciones ordinarias federales y locales para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y ayuntamientos en 30 estados.

Según el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, el INE advirtió serias complejidades normativas, presupuestales y tecnológicas para organizar ambos procesos simultáneamente. Solo en el ámbito judicial, se tiene prevista la renovación de cuatro magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 464 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y más de 3 mil 200 cargos judiciales locales en 25 estados.

Con la reforma, la jornada judicial se celebrará de manera independiente el primer domingo de junio de 2028 en las mismas ubicaciones físicas que las elecciones ordinarias, pero bajo estrictas reglas: no se permitirá la intervención de representantes de partidos políticos y el escrutinio se hará directamente en las casillas. Además, las personas juzgadoras y magistradas electorales cuyo mandato concluía en 2027 prorrogarán sus funciones hasta 2028.

Nuevas reglas

La reforma también redefine la estructura y operación de los procesos de selección: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedará formalmente compuesta por nueve ministros y funcionará en Pleno y dos secciones.

Cada poder de la Unión integrará un Comité de Evaluación de cinco especialistas. Los coordinadores de estos comités formarán una Comisión Coordinadora encargada de homologar exámenes y criterios de honestidad y competencia.

Los Comités seleccionarán a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo, lista que se depurará mediante tómbola pública (insaculación) hasta quedar en dos candidatos por cargo, garantizando estrictamente la paridad de género.

El INE dividirá los circuitos judiciales en distritos para que la ciudadanía vote por especialidad. Las boletas electorales separarán claramente a los candidatos por el Poder que los postuló (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), por género y especialidad. Los ciudadanos deberán marcar una sola opción por recuadro.

El decreto introduce que los procesos de revocación de mandato presidencial deberán realizarse obligatoriamente de forma concurrente (el mismo día) con las elecciones federales o estatales ordinarias del año que corresponda. Asimismo, se establece un blindaje para que las autoridades electorales no puedan modificar los resultados ni la asignación de cargos una vez concluido el cómputo final.

Tras la aprobación en lo general, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la oposición presentó propuestas de modificación para la totalidad del proyecto. Ante esto, se decretó un receso para reanudar la sesión este miércoles a las 9:00 horas, donde se llevará a cabo la discusión en lo particular.

Una vez promulgado el decreto, el Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para adecuar las leyes secundarias, mientras que los congresos locales contarán con un plazo de 60 días. Los nuevos juzgadores electos asumirán funciones formalmente el 1 de septiembre de 2028.