La Cámara de Diputados aprobó con 431 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual, una iniciativa que generó un intenso debate en el pleno.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, cuestionó la reducción de penas contemplada en la reforma y recordó el caso de Aldo Soto Ruiz, acusado de abusar de su hija de cinco años y liberado por jueces bajo el argumento de que la menor “se mostró tranquila”.

Aguilar advirtió que, con la nueva legislación, delitos de esta gravedad podrían castigarse con apenas siete años de prisión.

Desde Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz reprochó que en marzo de 2024 la Cámara “le falló a las mujeres de México” al proteger a agresores con fuero, mientras que diputadas del PRI, como Xitlalic Ceja y Ariana del Rocío Rejón, señalaron la falta de presupuesto para atender la violencia de género y acusaron que la reforma es “maquillaje” sin respaldo financiero.

El PAN también mostró reservas. Noemí Luna subrayó que “la ley por sí sola no sana el dolor” y pidió instituciones valientes que acompañen a las víctimas, mientras Federico Döring criticó el uso partidista de la tribuna.

En contraste, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, de Morena, celebró que la reforma “corrige una injusticia histórica” al centrar la atención en la conducta del agresor y no en la reacción de la víctima.

Explicó que la nueva definición de abuso sexual incluye tocamientos, caricias, exhibiciones y representaciones explícitas sin consentimiento, y que el delito se perseguirá de oficio.

La morenista Julieta Kristal Vences respaldó la iniciativa y reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que María Luisa Mendoza admitió que la ley “no es perfecta” pero destacó que contempla agravantes que pueden aumentar las sanciones más allá del rango inicial de tres a siete años de prisión.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, confirmó la aprobación en lo general y en lo particular del proyecto, que ahora será turnado al Ejecutivo federal. La reforma amplía la definición de abuso sexual y establece penas más claras, aunque persisten las críticas por la reducción de sanciones y la falta de recursos para garantizar su aplicación efectiva.