La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que una niña indígena, víctima de presunto abuso sexual en el municipio de Huauchinango, no pudo presentar su denuncia de forma oportuna debido a la ausencia inmediata de un perito traductor en lengua náhuatl en la agencia del Ministerio Público.

En un comunicado la FGE señaló que: “En el momento en que la menor y sus familiares acudieron a presentar la denuncia, no se contaba de manera inmediata con un perito traductor en lengua náhuatl, indispensable para garantizar una adecuada recepción de su testimonio y el respeto pleno a sus derechos.”

Esta carencia obligó a la menor, a su madre, abuela y hermano a ser albergados en el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán de Huauchinango para su resguardo, en lugar de recibir atención y protección inmediatas a través de la denuncia formal.

Este hecho subraya una grave negligencia institucional, pues la falta de personal especializado impidió la atención y procuración de justicia de manera expedita a una víctima perteneciente a un grupo de alta vulnerabilidad.

Las indagatorias ministeriales solo pudieron iniciarse formalmente hasta un día después, es decir la mañana del martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer.

Para subsanar la omisión, la Fiscalía tuvo que recurrir al acompañamiento de un traductor proporcionado por una asociación civil especializada en la lengua náhuatl.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que la ausencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas en las oficinas de procuración de justicia es una violación directa al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia de los pueblos originarios, especialmente en casos de violencia sexual contra menores.

Si bien la Fiscalía de Puebla asegura que se han iniciado las investigaciones para “esclarecer los hechos y detener al o a los probables responsables,” la demora inicial, atribuible a una omisión administrativa, pone en tela de juicio la capacidad y sensibilidad de la FGE para atender con la celeridad y el protocolo adecuado a víctimas de comunidades indígenas.

La atención se centra ahora en la FGE para que no solo se castigue a los responsables del presunto abuso, sino que también se implementen medidas urgentes para asegurar la disponibilidad permanente de peritos traductores en todas las regiones con población indígena, evitando futuras vulneraciones a los derechos de las víctimas.