Por Angélica Beltrán

La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante el Senado este 28 de abril no es un trámite más: es la antesala de un conflicto mayor, donde convergen la legalidad, la soberanía y la indignación nacional.

La cita será en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Óscar Cantón Zetina. Pero el fondo del asunto rebasa cualquier protocolo legislativo: se trata de esclarecer la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en tareas de seguridad dentro del territorio mexicano, sin autorización del gobierno federal.

No es un asunto menor ni de interpretación política. Es, en esencia, un tema de legalidad constitucional.

La participación de agentes extranjeros en México está claramente delimitada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional. Ningún gobierno estatal tiene facultades para autorizar, coordinar o permitir este tipo de intervenciones. Hacerlo implica, de entrada, una violación directa al marco jurídico y, en el fondo, una vulneración a la soberanía nacional.

De confirmarse los hechos, la gobernadora no solo habría excedido sus atribuciones: habría cruzado una línea de consecuencias mayores en su contra: juicio político, eventual desafuero y posterior juicio penal.

El señalamiento es aún más delicado si se considera la naturaleza de la agencia involucrada. La CIA no es una corporación de combate al narcotráfico —función que corresponde a la DEA—, sino un órgano de inteligencia con historial documentado de injerencia en procesos políticos internacionales, como el golpe de Estado en Chile en 1973 contra Salvador Allende.

En ese contexto, permitir su operación en territorio nacional no solo rebasa competencias: pone en riesgo la integridad del Estado mexicano.

La indignación no es gratuita. Se sostiene en un principio elemental: la soberanía no se negocia ni se delega. Mucho menos desde una entidad federativa.

El Senado será el primer filtro político. Ahí, la gobernadora deberá explicar si existió autorización federal, bajo qué términos operaron los agentes extranjeros y cuál fue el alcance de su participación. Entre los legisladores estará también Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, lo que anticipa un debate de alto voltaje político.

Pero más allá del intercambio parlamentario. Si los senadores así lo determinan, el siguiente paso podría recaer en la Cámara de Diputados, con la activación de un proceso de juicio político.

Mientras tanto, el daño político está hecho.

La revelación de una presunta operación encubierta con participación extranjera —en la que incluso habrían fallecido agentes estadounidenses— coloca a la administración estatal bajo una lupa nacional e internacional.

Porque más allá de los procedimientos legislativos que vendrán, hay un veredicto que ya empezó a dictarse en otro terreno: el de la opinión pública.

Porque Maru Campos no sólo incurrió en una falta administrativa o política, ha roto el pacto fundamental del Estado mexicano. Ante la nación, enfrenta la desconfianza y el señalamiento de ser la mano que mueve la cuna en busca de la desestabilización de la nación mexicana, porque su partido, el PAN, pierde electores.

Podemos intuir que Maru Campos no es ingenua, y no cree el discurso de Estados Unidos de su “buena intención” de combatir al narco. Sino que el PAN, así como el PRI, insisten en la injerencia extranjera porque creen que sólo así podrán recuperar privilegios perdidos en estas nuevas administraciones; pero su estrategia los hunde cada vez más.

Aunque sólo las elecciones 2027 despejarán la duda de si PRIAN va en caída libre o se recuperará electoralmente. Yo creo que va de mal en peor.