Redacción PH

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la normalización y la profundización de la violencia contra los periodistas en México, uno de los países más peligrosos para los comunicadores.

Tan solo en las primeras diez semanas de 2022, la CIDH ha tenido conocimiento de al menos ocho asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio del periodismo, por ello su “preocupación” por el “recrudecimiento” de la violencia, informó la comisión en un comunicado de prensa.

La relatoría de la CIDH ha destacado que este tipo de ataques vulneran la libertad de expresión, “tanto en su dimensión individual como colectiva”, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada. “No pueden ser tolerados en una sociedad democrática”.

También advierte sobre los recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales, como los que continuamente ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

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Aunque al mismo tiempo reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado, entre los cuales las autoridades han destacado el plan de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

No obstante, hizo un llamado a las autoridades a distinguir, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.

Pero en este contexto, y “en un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa”, el organismo ha considerado que los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección vigente no han sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas y que los esfuerzos mencionados y la capacitación de funcionarios están “lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación”.

También advierte que los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra periodistas se “mezclan” y “confunden” con mensajes oficiales estigmatizantes, enmarcados en una “compleja y sostenida pugna” de las autoridades federales y los periodistas y medios de comunicación.

“La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento”.

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Para la relatoría, los esfuerzos instituciones actuales se encuentran “desarticulados” y, en ocasiones, son “contradictorios”, resultando insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México.

Por ello, solicitan al Estado mexicano tomar “con urgencia” medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia.