Redacción PH

El jueves 15 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo otorgó un amparo a José Kamel Nacif Borge, liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro.

Denunció Artículo 19 al dar a conocer este martes el fallo de esta sentencia, dictamen que abre el camino para la absolución el resto de los involucrados como el exgobernador Mario Marín Torres y el exjefe de la Policía Ministerial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán, así como el resto de los implicados.

De acuerdo con Luis Knapp, coordinador de defensa de Artículo 19, las magistradas Graciela Bonilla González y Selina Avante Juárez, recién incorporada al asunto, concluyeron que los hechos de tortura contra Lydia Cacho no tienen relación con la publicación de su libro Los Demonios del Edén, lo que contraviene la sentencia de la ONU en favor de la periodista.

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De acuerdo con las magistradas “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido y vivenciado por ella, se reduce a la responsabilidad de los dos policías que detuvieron a Cacho.

También consideraron poco relevante que automóviles propiedad de Nacif acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de Cacho en el trayecto de Puebla-Cancún-Puebla.

Es corrupción

Ante esta nueva perspectiva del caso, la periodista Lydia Cacho afirmó que fuentes del propio Poder Judicial Federal le revelaron que el amparo otorgado a Kamel Nacif fue obra de la corrupción y que tanto la magistrada titular del tribunal, Avante Juárez como la secretaria en funciones de magistrada, habrían recibido un presunto soborno para emitir este fallo.

Tenemos información muy delicada en el sentido de que hubo recepción de recursos económicos por parte de las magistradas.

Precisó que las magistradas recurrieron a la misma argumentación que el primer juez corrupto que llevó su caso hace 16 años, al señalar que la orden de aprehensión en su contra estaba justificada debido a que no se podía acreditar que Lydia Cacho era periodista, además de afirmar que el libro representaba “un libelo”.

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Tras advertir que también las magistradas tienen vínculos con el PRI, la periodista cuestionó sobre “quién manda realmente en el Poder Judicial de la Federación, quién manda en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La delincuencia organizada está operando en la FGR, en el Poder Judicial y al interior de la llamada Cuarta Transformación, por eso nos regresaron a los argumentos falsos de la corrupción sobre mi caso.

Incluso Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para América Latina y el Caribe, recordó las grabaciones en las que Mario Marín y Kamel Nacif se ponen de acuerdo para la detención y tortura en contra de Lydia Cacho, por lo que el fallo es una muestra de que los poderes fácticos están compenetrados con el Estado.

También mencionó que los cambios ocurridos en los dos últimos meses en el Tercer Tribunal Colegiado del estado de Quintana Roo para cambiar la integración y garantizar la votación del caso a favor de los torturadores de Lydia Cacho, fueron operados por el exconsejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, junto con la magistrada Avante.

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Por ello, tanto Lydia Cacho como la organización han exigido una investigación pronta, imparcial e independiente sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación y que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.