En febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, se encontraba lavando ropa en un arroyo en Barranca Bejuco, en la sierra guerrerense, cuando un grupo de ocho militares se acercó para interrogarla sobre la presencia de encapuchados en la zona.

La mujer indígena me’phaa de la comunicad de Caxitepec fue golpeada y abusada sexualmente por el cabo de Infantería, Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero, Nemesio Sierra, mientras los demás militares observaban la acción, entre ellos el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, quienes también están siendo procesados en calidad de implicados.

Todos los militares estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.

Ahora, 16 años después, este lunes dos militares involucrados en la agresión sexual fueron condenados a 19 años de prisión.

Este es el segundo fallo contra los elementos castrenses, el primero fue emitido por el juzgado séptimo de distrito, con sede en Guerrero, el pasado 13 de junio.

“Al Gobierno que no me creyó, que nunca me hizo caso, que se burló: hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad […]. Salí de Mexico a buscar justicia a otro país en donde sí fui escuchada, donde me creyeron porque yo siempre dije la verdad”,

Autoridades ignoran su denuncia

Tras la agresión, Valentina decidió no callar y comenzó a buscar justicia, a pesar de que ni siquiera hablaba español, sólo tlapaneco, acudió a denunciar ante las autoridades, las cuales la ignoraron.

Sin embargo, el acoso militar a su población continuó por lo que poco a poco su comunidad le retiró el apoyo, después la abandonó su esposo, y finalmente se vio obligada a salir de su comunidad acompañada solamente de su hija de tres meses y sufriendo aún por las secuelas del ataque sexual que sufrió por los militares.

El caso de Valentina no fue el único, un mes después, otra mujer me’paa, era atacada sexualmente por integrantes del 41 Batallón, se trató de Inés Fernández Ortega, de 25 años.

“Yo camine 8 horas para ir a buscar justicia. Yo tuve que salir de mi pueblo. Yo tuve hace 16 años tener que aprender español”.

Por ello, decidió recurrir ante instancias internacionales siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que en agosto de 2010 consiguió declarar culpable al Estado Mexicano por la violación contra Valentina e Inés Fernández Ortega, otra mujer indígena víctima de tortura sexual.

Es la CIDH quien logra comprobar que los ataques por parte de militares en contra de estas dos mujeres indígenas sí fueron cometidos -algo que las autoridades negaron durante ocho años, de 2002 a 2010-.

Tras el fallo, a finales del 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a cuatro de los implicados, con lo cual daba inicio el proceso por el cuál Valentina tuvo que esperar casi 12 años para poder señalar a los responsables de la agresión.

En tanto, la condena de 19 años ha sido considerada histórica pues es la primera vez que se le da el valor al testimonio de la víctima como un elemento sustancial para emitir la sentencia condenatoria contra los militares involucrados.

“Tuve que salir de mi pueblo para exigir justicia y sin poder hablar el español enfrenté al Estado mexicano”.