La jueza federal Katherine Polk Failla rechazó formalmente la solicitud de la fiscalía estadounidense para aplazar la primera audiencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Con esta resolución, se confirmó que el procedimiento se llevará a cabo el próximo 1 de junio de 2026 a las 12:00 del mediodía (hora local), en la Sala 618 del Palacio de Justicia Thurgood Marshall, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La decisión judicial se dio a conocer este viernes 29 de mayo, luego de que el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, solicitara postergar la comparecencia inicial del general en retiro.

La fiscalía había propuesto una ventana de fechas alternativas, entre el 3, 4, 5, 10, 11 o 12 de junio, bajo el argumento de excluir este periodo de los plazos de la Speedy Trial Act (Ley del Juicio Rápido) para facilitar posibles negociaciones entre ambas partes, sin embargo, la jueza optó por mantener el calendario original.

El primer implicado en caer

Mérida Sánchez, de 66 años, es el primer funcionario de la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en comparecer ante la justicia norteamericana.

El general en retiro se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo al cruzar la garita internacional de Nogales, Arizona, proveniente de Hermosillo, Sonora.

Según reportes del Gabinete de Seguridad de México emitidos en redes sociales, tras su entrega fue arrestado formalmente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, pocos días después de que se hiciera pública la acusación formal en su contra. Desde entonces, el exmando policial permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Red de corrupción con “Los Chapitos”

El exsecretario de Seguridad enfrenta cargos graves por conspiración para traficar narcóticos y delitos relacionados con armas de fuego, acusaciones que conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía estadounidense, Mérida Sánchez presuntamente recibía un soborno mensual de 100 mil dólares en efectivo por parte de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. A cambio de estos pagos, el exfuncionario garantizaba la no interferencia en las operaciones de narcotráfico de la organización criminal y les alertaba de manera anticipada sobre los operativos de las fuerzas de seguridad.

Este caso forma parte de un expediente más amplio que vincula a un total de 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa, encabezados por el propio gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, presuntamente implicados en una red de protección institucional al crimen organizado.