Por Pedro Hernández Lara

La reforma político-electoral propuesta por el gobierno federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transformar el sistema electoral del país con el objetivo de hacerlo más eficiente, austero y representativo, según las declaraciones oficiales.

A continuación, te detallo toda la información disponible sobre esta iniciativa, basada en las fuentes consultadas, incluyendo los puntos clave, el contexto, la estructura de la propuesta, los actores involucrados, el cronograma, las críticas y los posibles impactos, con un análisis crítico de la narrativa oficial.

1. Contexto y antecedentes. La reforma electoral es una prioridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en 2024. Esta iniciativa retoma esfuerzos previos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien intentó reformar el sistema electoral en 2022 (Plan A) y 2023 (Plan B), sin éxito debido a la falta de mayoría calificada en el Congreso o por fallos del Poder Judicial que consideraron inconstitucionales ciertos aspectos. La actual propuesta, impulsada por el partido Morena y sus aliados (PT y PVEM), se presenta con un mayor respaldo legislativo, ya que Morena cuenta con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está cerca de alcanzarla en el Senado, lo que facilita la aprobación de cambios constitucionales.

El objetivo declarado es fortalecer la democracia, reducir costos electorales y garantizar una mayor participación ciudadana, aunque críticos advierten que podría consolidar el poder del oficialismo y limitar la pluralidad.

2. Creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El 2 de agosto de 2025, el gobierno federal anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, exlegislador y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta comisión depende directamente del Ejecutivo federal y tiene un carácter transitorio, con vigencia hasta septiembre de 2030. Su misión es realizar un diagnóstico del sistema electoral, consultar a la ciudadanía y proponer una reforma integral que será entregada a la presidenta en enero de 2026.

Integrantes de la Comisión La comisión está conformada por figuras cercanas al gobierno de Sheinbaum, lo que ha generado críticas por la falta de inclusión de la oposición y sectores independientes. Los miembros son: 

Pablo Gómez Álvarez (presidente de la comisión).

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital.

Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia.

Metodología de trabajo. La comisión operará bajo principios de transparencia, eficiencia y legalidad, y su trabajo incluirá: Encuestas de opinión: Se lanzará una encuesta nacional en 2025 para conocer la percepción ciudadana sobre temas como plurinominales, financiamiento a partidos y costos electorales. Los resultados se publicarán en octubre de 2025.

Foros y audiencias públicas: Se organizarán debates con participación de ciudadanos, organizaciones sociales, académicos, comunidades indígenas, migrantes mexicanos en el extranjero y partidos políticos (aunque estos últimos solo tendrán voz, no voto).

Análisis técnico: La comisión estudiará el sistema electoral actual y elaborará propuestas basadas en los resultados de las consultas.

Entrega de conclusiones: En enero de 2026, la comisión presentará un informe final con propuestas de reforma al Ejecutivo, que luego decidirá cómo y cuándo enviarlas al Congreso.

3. Puntos clave de la reforma electoral. La reforma abarca varios ejes que buscan modificar la estructura y funcionamiento del sistema político-electoral mexicano. A continuación, los puntos principales: a) Eliminación de la reelección legislativa y municipal Se propone prohibir la reelección inmediata de legisladores (diputados y senadores) y alcaldes, reafirmando el principio de “sufragio efectivo, no reelección” que data de la Revolución Mexicana. Esto busca evitar la consolidación de cacicazgos políticos y garantizar la renovación de representantes.

La presidenta Sheinbaum argumenta que esta medida fortalecerá la democracia al impedir que los cargos se conviertan en patrimonio de unos pocos.

b) Combate al nepotismo. La reforma incluye medidas para prohibir que funcionarios públicos (presidentes, gobernadores, alcaldes o legisladores) coloquen a familiares directos (hasta el tercer grado de parentesco) en cargos de elección popular inmediatamente después de su gestión. Esto busca frenar la formación de dinastías políticas.

Ejemplo: Un gobernador no podría dejar a su cónyuge o hijos como candidatos al mismo puesto tras su mandato.

c) Eliminación o reforma de los plurinominales. Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de eliminar los diputados y senadores plurinominales (de representación proporcional), que permiten a partidos minoritarios tener presencia en el Congreso. En su lugar, se plantea que los candidatos que queden en segundo lugar en las elecciones distritales ocupen escaños como minoría directa.

Justificación oficial: Los plurinominales son percibidos por la ciudadanía como un mecanismo de pago de favores políticos, y su eliminación reduciría costos y acercaría la representación a la voluntad popular.

Críticas: Esta medida podría afectar la pluralidad, ya que partidos pequeños como el PT y el PVEM, aliados de Morena, dependen de los plurinominales para mantener su presencia legislativa. Además, podría consolidar el dominio de Morena en el Congreso, reduciendo la representación de minorías.

d) Reducción de costos electorales. La reforma busca disminuir el presupuesto destinado a procesos electorales y al financiamiento público de partidos políticos, que Sheinbaum considera excesivo según encuestas ciudadanas previas. Se propone una reducción de hasta el 50% en las prerrogativas de los partidos.

También se plantea explorar mecanismos de financiamiento privado bajo estricta regulación para evitar recursos ilícitos, aunque esto ha generado preocupación por posibles influencias de poderes económicos.

Contexto: México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo, lo que ha sido un punto de crítica recurrente. La presidenta argumenta que los recursos ahorrados podrían destinarse a programas sociales.

e) Elección directa de consejeros del INE. Se propone que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos por voto popular, en lugar de ser designados por el Congreso. Esto busca dar mayor legitimidad ciudadana al organismo electoral.

Críticas: Exconsejeros del INE, como Benito Nacif y Lorenzo Córdova, advierten que esta medida podría politizar al árbitro electoral, comprometiendo su autonomía e imparcialidad.

f) Reforma al INE. Aunque Sheinbaum ha insistido en que la autonomía del INE no se tocará, la reforma contempla ajustes en su estructura, como la reducción del número de consejeros electorales y la optimización de recursos. También se evalúa centralizar algunas funciones electorales, como el padrón electoral.

Críticas: Algunos analistas temen que estos cambios debiliten la independencia del INE, permitiendo un mayor control del Ejecutivo sobre los procesos electorales.

g) Voto electrónico y nuevas formas de participación. La reforma incluye explorar el voto electrónico para modernizar los procesos electorales y reducir costos. También se analizarán mecanismos como consultas populares y revocaciones de mandato.

Desafíos: La implementación del voto electrónico requiere infraestructura tecnológica robusta y medidas de ciberseguridad para evitar fraudes, lo que podría ser un reto en un país con brechas digitales significativas.

h) Reducción de regidores en municipios. Se propone disminuir el número de regidores en ayuntamientos, especialmente en municipios con baja población, para eliminar estructuras burocráticas innecesarias y optimizar recursos.

i) Otros puntos. Fiscalización y transparencia: Fortalecer la regulación del financiamiento de campañas, la propaganda gubernamental y la fiscalización de ingresos y gastos de partidos y candidatos.

Regulación de coaliciones y partidos: Establecer reglas claras para la creación, fusión y operación de partidos políticos a nivel nacional y local, evitando inconsistencias en el sistema.

Libertad de expresión: Garantizar la difusión de opiniones e ideas, aunque no se especifica cómo se equilibrará con la regulación de la propaganda.

4. Cronograma de la reforma. Agosto 2025: Inicio de los trabajos de la Comisión Presidencial, con encuestas y foros ciudadanos.

Octubre 2025: Publicación de los resultados de las encuestas de opinión.

Enero 2026: Entrega de las conclusiones y propuesta final de la comisión al Ejecutivo federal.

Febrero-Abril 2026: Presentación de la iniciativa en el Congreso durante el periodo ordinario de sesiones, con posibilidad de aprobar cambios constitucionales.

Post-2026: De aprobarse, la reforma no entraría en vigor para las elecciones intermedias de 2027, sino probablemente para 2030, cuando se renueva la presidencia y otros cargos.

5. Actores clave. Claudia Sheinbaum: Impulsora principal de la reforma, quien ha enfatizado la importancia de la participación ciudadana y la austeridad.

Pablo Gómez: Presidente de la Comisión, con experiencia legislativa y trayectoria en la izquierda mexicana. Su nombramiento ha sido cuestionado por sectores que lo ven como una figura alineada al oficialismo.

Morena y aliados (PT, PVEM): La coalición gobernante tiene la mayoría legislativa necesaria para aprobar la reforma, pero enfrenta tensiones internas, especialmente con aliados que dependen de los plurinominales.

Oposición: Partidos como el PAN, PRI y PRD han expresado preocupación por la falta de inclusión en la redacción de la reforma. Exconsejeros del INE y analistas piden un diálogo plural para evitar un “traje a la medida” del oficialismo.

Ricardo Monreal: Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha advertido que cualquier cambio debe acordarse con PT y PVEM para evitar fracturas en la coalición.

6. Críticas y preocupaciones. La reforma ha generado un intenso debate, con críticas tanto de la oposición como de expertos electorales: Falta de inclusión: La composición de la Comisión Presidencial, formada exclusivamente por figuras cercanas al gobierno, ha sido señalada como un riesgo para la imparcialidad. Exconsejeros como Benito Nacif destacan que, a diferencia de reformas previas (como la de 1996), no se incluye a los partidos de oposición en la mesa de negociación, lo que podría derivar en una reforma “a la medida” de Morena.

Riesgo de regresión democrática: Analistas como Jacques Coste advierten que el objetivo de la reforma no es solo modernizar el sistema, sino consolidar un “nuevo régimen” favorable al oficialismo, creando una “cancha inclinada” que limite la competencia política.

Impacto en la pluralidad: La eliminación de plurinominales podría reducir la representación de minorías, beneficiando a Morena y debilitando a partidos pequeños, incluso dentro de su propia coalición.

Politización del INE: La elección popular de consejeros y los ajustes al INE generan temores de una pérdida de autonomía, permitiendo una mayor influencia del Ejecutivo en los procesos electorales.

Falta de claridad: Aunque se han anunciado los ejes generales, la propuesta sustantiva aún no está definida, lo que genera incertidumbre sobre su alcance real.

7. Posibles impactos. Fortalecimiento del oficialismo: La reforma podría consolidar el dominio de Morena en el sistema político, al reducir el financiamiento y la representación de la oposición.

Ahorro económico: La disminución de costos electorales y prerrogativas podría liberar recursos para otros rubros, aunque no está claro cómo se garantizará la transparencia en el financiamiento privado.

Cambios en la representación: La eliminación de plurinominales y la elección directa de consejeros podrían alterar la dinámica del Congreso y el INE, con efectos a largo plazo en la pluralidad y la gobernabilidad.

Polarización política: La falta de consenso con la oposición podría agudizar la polarización, especialmente si la reforma es percibida como un intento de control político.

8. Análisis crítico. Aunque el gobierno presenta la reforma como un avance hacia una democracia más austera y participativa, la narrativa oficial debe examinarse con escepticismo. La centralización del proceso en una comisión alineada al Ejecutivo, la exclusión de la oposición en la redacción de la propuesta y la falta de claridad sobre los detalles sustantivos sugieren que la reforma podría priorizar los intereses de Morena sobre la pluralidad democrática. La eliminación de plurinominales, por ejemplo, podría debilitar a los partidos pequeños, incluidos los aliados de Morena, lo que plantea preguntas sobre cómo se gestionarán las tensiones internas en la coalición.

Además, la elección popular de consejeros del INE, aunque suena democrática, podría abrir la puerta a la politización del organismo, especialmente en un contexto donde Morena domina el panorama político. La experiencia de otros países con sistemas similares muestra que la elección directa de árbitros electorales puede ser manipulada por el partido en el poder.

Por otro lado, la reducción de costos electorales es una demanda ciudadana legítima, pero debe garantizarse que no comprometa la transparencia ni la equidad de los procesos. La propuesta de financiamiento privado, aunque regulado, podría reintroducir influencias económicas en la política, un problema que México buscó erradicar con el modelo actual de financiamiento público.

9. Conclusión. La reforma político-electoral propuesta por el gobierno federal en 2025 es una iniciativa ambiciosa que busca transformar el sistema electoral mexicano mediante la reducción de costos, la eliminación de plurinominales, el combate al nepotismo, la elección directa de consejeros del INE y ajustes a la estructura electoral. 

Sin embargo, su diseño y ejecución han generado preocupación por la falta de inclusión de la oposición y el riesgo de consolidar un sistema que favorezca al oficialismo, lo que podría limitar la pluralidad democrática. 

El proceso, liderado por la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, está en una fase inicial de consulta y análisis, con un calendario que culminará en 2026. La participación ciudadana a través de encuestas y foros es un punto positivo, pero su impacto dependerá de la transparencia y la apertura del proceso. La oposición y los expertos electorales exigen un diálogo incluyente para garantizar que la reforma fortalezca, y no debilite, la democracia mexicana.