El gobierno de Malasia acordó abolir la pena de muerte obligatoria, una iniciativa celebrada por activistas, que advirtieron sin embargo que el país no ha cumplido sus promesa previas en materia de derechos humanos.

La pena de muerte obligatoria sigue vigente para el castigo de delitos como el asesinato o el tráfico de drogas, aunque desde el 2018 se aplica una prórroga para las ejecuciones.

El Parlamento deberá promulgar una ley para que se realicen los cambios, y el ministro de Justicia, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dijo a AFP que “llevará un poco de tiempo”, sin dar un plazo.

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El ministro declaró que se estudiará más a fondo qué tipo de sentencias podrían sustituir a la pena de muerte.

La medida ya ha sido celebrada por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Malasia, Katrina Jorene Maliamauv, como “un paso bienvenido en la dirección correcta”, incitando al gobierno a ir más allá y trabajar por la “abolición total de este cruel castigo”.