Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, fijó su postura ante la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional el artículo 480 del Código Penal estatal, el cual tipificaba el delito de ciberasedio y censuraba la libertad de expresión en redes sociales.

Al término de la ceremonia por el 495 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla, el gobernador lejos de considerar la resolución como un golpe a su administración, subrayó que el fallo es un ejercicio democrático que evidencia la autonomía de las instituciones en México.

Incluso afirmó que la invalidez del artículo 480 del Código Penal es parte de la “dinámica normativa” y confió en que el Congreso de Puebla buscará alternativas para proteger a sectores vulnerables.

En ese tenor también descartó que la determinación represente un retroceso legislativo, incluso apeló a su experiencia de más de dos décadas en el poder legislativo para poner en contexto la situación.

“He sido legislador más de 20 años y las leyes son instrumentos normativos; hay leyes que se aprueban, se derogan, se perfeccionan. Es parte de la dinámica del marco normativo de nuestro país”, dijo.

El titular del Ejecutivo enfatizó que, aunque un artículo específico haya sido invalidado, el Estado cuenta con un robusto andamiaje legal para seguir garantizando la seguridad de los poblanos.

Finalmente, Armenta dijo que corresponderá al Congreso del estado analizar nuevas rutas jurídicas que permitan combatir el ciberacoso sin incurrir en los vicios legales señalados por la Corte. Reiteró que su gobierno será respetuoso de la facultad legislativa, mientras que el Ejecutivo se mantendrá enfocado en proteger a mujeres, jóvenes y niños.

“Nosotros somos ejecutivos; seguimos trabajando en el ámbito de la Constitución para garantizar los derechos”, indicó, asegurando que la prioridad de su administración sigue siendo la defensa de los sectores más vulnerables.

Incluso Armenta aprovechó la resolución de la SCJN para desestimar las críticas que acusan una subordinación del Poder Judicial ante el partido en el poder.

Para Armenta, el fallo contra una ley estatal impulsada por su movimiento es la prueba “pura y plena” de que la Cuarta Transformación respeta la independencia judicial.