José Francisco Méndez Hernández, presidente de la Asociación Nacional para la Defensa del Ciudadano y la Legalidad AC,  exigió al Congreso del Estado, dejar de realizar prácticas de influyentismo, corrupción y simulación para designar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla.

En rueda de prensa el vocero de la organización denunció que los 25 aspirantes destacan por ser funcionarios o exfuncionarios, mientras que otros destacan por sus nexos con  el gobierno morenovallista o por ser militantes morenistas.

Tal es el caso de José Víctor Vázquez Juárez, Mónica Roldán Reyes y María Elena Guerrero Flores, todos ellos ligados al morenovallismo o Daniela Galindo Dorantes, ligada al expresidente municipal, Leoncio Paisano Arias.

Además de Omar Martínez Báez, primer visitador general del organismo y encargado de despacho, tras la salida de Adolfo López Badillo, quien por su paso por más de 8 años, fue omiso y cómplice de que se violentaran las garantías individuales.

Para saber: Se apuntan 25 para dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos

También destaca María de los Ángeles Muñoz Cortés y Amada María teresa Márquez Bermúdez, quienes ambas funcionarias quienes, aseguró, para partivipar debieron solicitar licencia, oor loq ue deberán ser sancionadas pro el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

También criticaron la postulación de Lucio Ramírez Luna, a quien acusaron de aviador en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además que sólo ha lucrado con la defensa de grupos y organizaciones.

Caso similar es el de los militantes morenistas Luis Soriano Peregrina, exsubsecretario de Gobernación, y René Alejandro Escalona González, quienes también buscan el cargo.

Ante estas inconsistencias, exigieron a los integrantes el Congreso Local, dejar atrás las prácticas de influyentismo, corrupción y simulación para designar a la persona idónea para ocupar la presidencia del órgano garante de los derechos humanos en Puebla.