El gobierno federal presentará una serie de denuncias por el supuesto financiamiento para la producción de la serie Populismo en América Latina, anunció Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

La denuncia presentada durante la conferencia mañanera de este jueves exponiendo una red de desvíos de dinero que no habrían sido posibles sin la intervención del presidente Enrique Peña Nieto y la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga.

La acusación vertida por Nieto Castillo ha generado una reacción en cadena, encabezada por periodistas, activistas y detractores opositores al nuevo gobierno, quienes advierten que el proceso que el gobierno federal pretende iniciar contra los productores del documental “Populismo en América Latina” representa una violación a la libertad de expresión.

Incluso personajes como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ya hablan que el “nuevo régimen” va a “encarcelar” a los involucrados.

Esto es gravísimo: si se busca encarcelar a los productores, directores, o quien haya participado en una película sobre el populismo (que es tan “grave” como toda la narrativa sobre el neoliberalismo, cualquier cosa que sean) estamos entrando a la era de persecución de las ideas. https://t.co/WJLTYNZXIT

— Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) March 14, 2019

Los señalamientos

La información presentada este día por Nieto Castillo se presenta como la primera denuncia que involucra –sin mencionarlo- al expresidente y quien encabezó las dependencias que son consideradas las más saqueadas del país.

El fiscal advirtió que la acusación directa va contra Alejandro Jesús Quintero Iñiguez y una empresa vinculada con el “señor Piña”, por la realización y financiamiento de la serie la cual fue concebida como campaña negra.

También advierte que por tratarse de campaña negra, un elemento prohibido por la ley, podría denunciarse únicamente contra el Instituto Nacional Electoral (INE), no obstante al rastrearse los recursos se identificó que el documental fue financiado con dinero proveniente de OHL, la constructora más beneficiada en la administración de EPN, y desde un programa del gobierno del Estado de México, cuando Eruviel Ávila, otro priista era mandatario.

Los recursos no habrían llegado directamente de ambos entes ligados directamente con el exmandatario, sino a través de empresas “fachada”.

¿Cómo?

La fachada habrían sido empresas ligadas a Alejandro Quintero que recibían dinero desde otra sociedad fachada, que a su vez recibía dinero de Sedesol y Sedatu, de OHL México y desde un programa del Gobierno del Estado de México

Resalta que Quintero Iniguez quien además de ser el exvicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Televisa fue el creador del plan de acción que llevó al exgobernador del Estado de México a la presidencia.

Su publicista estrella habría sido el principal beneficiario de los recursos que se utilizaron para videograbar el material que fue presentado a través de una agresiva campaña de publicidad que colocaba a López Obrador al mismo nivel de cuestionados gobernantes de América Latina que terminaron convertidos en dictadores.

¿Cuánto?

A través de Grupo TV Promo S.A. de C.V. recibió casi 48 millones de pesos provenientes de Bufete de Proyectos Información y Análisis, empresa que, aseguró, fue participe en la guerra sucia contra AMLO.

En dicha firma también rastrearon 186 millones de pesos provenientes de OHL México y 2 mil 500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México.

“Todo esto sin una aparente justificación”, acusó.

Aseguró que la detección de los movimientos anormales ocurridos en 2017 los hizo el sistema financiero mexicano que reportó a las empresas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, detallando que las operaciones efectuadas hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual podría implicar que se trata de empresas fachadas utilizadas para desvías recursos públicos.

Por todo lo anterior, el caso será denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y el INE para que se investigue a ambos personajes pues la ley prohíbe a empresas particulares entreguen dinero para hacer proselitismo a favor y en contra de candidatos.

Mientras, la entidad que dirige se encargará de investigar el probable lavado de dinero.