Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, advirtió que habrá “cero impunidad” contra los responsables del fallecimiento de Blanca Adriana Vázquez Montiel. Asimismo, advirtió que en el estado que cualquier denuncia por el uso indebido de una profesión será castigada con todo el peso de la ley.

Dijo en conferencia de prensa este lunes 25 de mayo, al informar que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de Diana Alejandra N., su hijo y una empleada, los tres señalados como los presuntos responsables de la desaparición, muerte y posterior abandono del cuerpo de la víctima.

Además, al ser cuestionado sobre la presencia de médicos “charlatanes” en la entidad, Armenta Mier aseguró que en Puebla se sancionará severamente a quienes usurpen funciones y cometan irregularidades en la prestación de servicios de salud.

A pesar de que Armenta reconoció que las autoridades tienen la estricta obligación de supervisar estos establecimientos, el gobernador llamó a la corresponsabilidad ciudadana para verificar que el personal médico esté debidamente certificado.

“Muchas personas acuden a sitios informales o con supuestos especialistas sin confirmar si realmente son médicos, lo que representa un grave riesgo para su integridad”, indicó.

En cuanto a la medicina tradicional, el Ejecutivo aclaró que, aunque se reconoce su existencia, es una actividad que también se encuentra regulada y claramente delimitada por la ley.

Clínicas clandestinas, el reto

Por su parte, José Luis García Parra, coordinador de Gabinete estatal, admitió que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) enfrenta limitaciones para supervisar clínicas o consultorios que operan desde la clandestinidad, por lo que replicó el llamado de Armenta y pidió a la población reportar cualquier establecimiento sospechoso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), instancia que solicitará la intervención de la DPRIS para ejecutar las inspecciones correspondientes.

En cuanto a las clausuras recientes, el funcionario indicó que en lo que va del año, la DPRIS ha clausurado 15 clínicas y 9 consultorios por incurrir en diversas irregularidades.

De acuerdo a las cifras oficiales, en el estado hay registrados 10 mil 293 consultorios independientes; 905 consultorios adyacentes a farmacias; 325 clínicas y hospitales privados y 128 centros de adicciones.

En tanto, se mantendrá los operativos de vigilancia, sin embargo García Parra reitieró el papel de la denuncia ciudadana como pieza clave para erradicar las prácticas médicas ilegales que ponen en riesgo la vida de las personas.