Pedro Lara Hernández

“_{La opinión pública es el termómetro que un monarca debe consultar constantemente.”
Napoleón Bonaparte. Militar y político francés.}

Desde que Alejandro Armenta Mier asumió el cargo de gobernador el 14 de diciembre de 2024, su relación con los medios de comunicación del estado que gobierna, ha sido complicada.

La comunicación social siempre ha sido un pilar fundamental para cualquier gobierno, pero en el contexto actual, adquiere una relevancia aún mayor. Desde el cambio de régimen iniciado en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el nuevo paradigma exige cercanía con el pueblo, transparencia y respeto a la libertad de expresión. Cualquier político que no entienda este esquema está condenado a caminar en la cuerda floja, con el riesgo permanente de caer en el vacío político.

Sé de primera mano que llegar a la candidatura de Morena y, posteriormente, al gobierno del estado no fue tarea sencilla para Alejandro Armenta Mier. Su primo, Moisés Ignacio Mier Velazco, le presentó una dura batalla interna. Finalmente, Armenta salió victorioso.

Originario de Izúcar de Matamoros, con una amplia trayectoria como servidor público —presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador y secretario de Desarrollo Social—, Armenta no es un improvisado. Su experiencia política debería haberle dado herramientas suficientes para mantener una relación fluida, respetuosa y efectiva con la prensa poblana.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué está pasando con él?, ¿quién lo asesora actualmente en materia de comunicación?, ¿quién lo guía en sus decisiones políticas más sensibles? La percepción ciudadana y mediática indica que algo no está funcionando. Las decisiones adoptadas hasta ahora evidencian una deficiente estrategia comunicativa. Si bien todo gobierno puede cometer errores, lo importante es reconocerlos a tiempo, rectificar y hacer los ajustes necesarios para entregar las buenas cuentas que se prometieron en campaña.

Una muestra de esta crisis es la reciente reforma al Código Penal de Puebla que tipifica el delito de “ciberasedio”, estableciendo hasta tres años de prisión para quien “insulte u ofenda” de forma reiterada a través de medios digitales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado su profunda preocupación, al considerar que esta reforma podría convertirse en una herramienta de censura encubierta.

A nivel federal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fue clara: el gobierno de México rechaza cualquier forma de censura, especialmente contra los medios de comunicación. Por ello, celebró que el Congreso local se haya mostrado dispuesto a revisar la cuestionada Ley de Ciberseguridad.
Más contundente aún fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado 18 de junio declaró en su conferencia matutina: “Estamos en contra de la censura. Nuestra posición siempre ha sido a favor de la libertad de expresión. No vamos a respaldar un artículo que promueva la censura”.

Los servidores públicos no deben olvidar nunca una de las máximas del presidente López Obrador: “Siempre hay que gobernar obedeciendo al pueblo”.

Ojalá, por el bien de Puebla, de su ciudadanía y de sus instituciones, se retome pronto el rumbo. Que las aguas vuelvan a su cauce y el estado logre el desarrollo democrático, político y económico que tanto merece.