Jaime Juárez Hernández, notario público número 38 de Puebla, estaría involucrado en el registro de dos empresas que trabajaron para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una barda del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) cuyo costo se encareció 89 por ciento.

Juárez Hernández fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en los sexenios de los priistas Manuel Bartlett Díaz y Mario Marín Torres.

La información la dio a conocer el portal Aristegui Noticias.

De acuerdo con el portal, el notario poblano registró a dos de los 111 contratistas que, en conjunto, vendieron insumos para la barda por mil 355 millones 938 mil 780 pesos.

Constructora Camino Real del Valle y Constructora los 4 Príncipes son las compañías que registró el notario el 11 de marzo de 2014.

“El notario público 128 de Puebla (sic), Jaime Juárez Hernández, acudió a la Secretaría de Economía a reservar los nombres. Un trámite lo hizo a las 14:21 horas y el otro a las 14:24 horas”, según documentos oficiales.

Siete meses después, El 2 de octubre de 2014, el mismo notario registró las compañías en el estado de Puebla y como socios puso a una pareja de jóvenes con residencia en Oaxaca: “Carlos Alexis” y “Dinoraht Miccel”, de 20 y 21 años de edad, quienes advirtieron tener alguna relación con la empresa, e incluso, aseguraron nunca haber visitado el estado.

Sin proyecto

De acuerdo con la página de transparencia del aeropuerto, el proyecto tenía un costo original de mil 547 millones de pesos, sin embargo “tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil 930 millones de pesos”.

También se evidenció que los trabajos iniciaron sin tener un proyecto ejecutivo, lo cual obligó a realizar cambios conforme a las necesidades de última hora de las empresas proyectistas o de las dependencias públicas.

“Según el cuarto convenio de colaboración, la obra debió terminar en mayo de 2017, lo que significa un atraso de 531 días naturales, pues debieron finalizar en diciembre de 2015.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su más reciente reporté advirtió que la Sedena no comprobó el gasto de 389 millones 670 mil pesos, así como tampoco se ha transparentado los contratos y fracturas utilizados en el proyecto.

Lo anterior ocurrió bajo el amparo de una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), entidad que estaba a cargo de Ximena Puente, quien ahora ostenta una candidatura a una diputación plurinominal por el Partido de la Revolución Institucional (PRI).