Siete organizaciones defensoras de las libertades de prensa y expresión en América Latina condenaron la violencia contra el prensa y llamaron a los Estados a combatirla en un documento publicado este martes en el que afirman: “un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia”.

Según un comunicado conjunto de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), IFEX-ALC, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur (VdS), a lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas vinculados a su labor, además de decenas de exilios, encarcelamientos y cierres forzosos de medios.

Hasta este año, cientos de periodistas siguen desaparecidos en la región, agregan.

Las organizaciones identificaron cuatro tendencias preocupantes en la región para el ejercicio del periodismo: el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas, la desinformación en línea, problemas de funcionamiento en los mecanismos de protección de periodistas y vigilancia y espionaje.

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En el caso de los gobiernos que acuñan una retórica antiprensa como herramienta central en sus discursos oficiales “es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala”, denuncian las organizaciones.

“Varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo”, dicen.

Sobre las estrategias de desinformación que “buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo”, subrayan que algunos gobiernos de la región utilizan “ejércitos de troles” y diseminan mentiras o medias verdades.

En cuanto a los mecanismos de protección apuntan que son un avance pero “no suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación” e instan a fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en los que no tienen esos programas.

Paralelamente, agregan, debe enfrentarse “la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión”.

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Sobre la tendencia a la vigilancia y espionaje piden el cese de esas actividades ilegales que “ponen en riesgo a las fuentes periodísticas, amenazan al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubican a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos”.

La siete organizaciones concluyen con un llamado a los Estados a actuar para que “las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo”.

Con información de EFE