La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó este miércoles la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo menos hasta que concluya su mandato, a finales de septiembre.

Fueron dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del estado de Tamaulipas las resueltas hoy por la Primera Sala de la Suprema Corte. En la primera demanda, el Congreso local impugnó la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia iniciado por la Cámara de Diputados en contra de Cabeza de Vaca; mientras que, en la segunda, impugnó tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), como la orden respectiva expedida por un juez penal en contra del titular del Poder Ejecutivo local.

La Suprema Corte reconoció la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia referido y estableció que ese pronunciamiento “no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el gobernador de Tamaulipas”.

La autoridad señaló que el procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo, pues en éste interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el congreso de la entidad federativa correspondiente “quien, en última instancia, decide si un servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo”.

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Por lo anterior, la SCJN resolvió que el efecto de la Declaración de Procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas.

Sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, la Suprema Corte advirtió que la FGR y el juez penal que la autorizó no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales, “sino que además, se sustituyeron en éste, pues el despliegue de sus facultades en contra del Gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito”.

El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero del mandatario tamaulipeco.

Tres días después de presentar la solicitud, representantes de la Fiscalía acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro para ratificar su acusación. Entregaron seis cajas de expedientes con las que buscan sustentar la petición de juicio de procedencia o desafuero contra el panista.

El 3 de marzo del 2021, el Congreso de Tamaulipas aprobó nuevas reglas para declarar la procedencia o no del desafuero de gobernadores, diputados locales y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado.

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Con tales modificaciones, los legisladores locales pusieron un freno al procedimiento que inició en el Congreso federal en contra del actual gobernador, a quien la FGR solicitó desaforar para poder proceder penalmente en su contra por los posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.

El 30 de abril de ese año, el Pleno de la Cámara de Diputados Federal, erigido en Jurado de Procedencia, ratificó el dictamen de la Sección Instructora y votó a favor del juicio de procedencia para retirarle el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca.

García Cabeza de Vaca concluirá su encargo el próximo 30 de septiembre. Su sucesor será Américo Villarreal, de Morena.

Con información de Expansión