Con solo 60 votos a favor -la mayoría del PRI y sus aliados-, 54 en contra, sin cambios, sin discusión y de madrugada, el Senado de la República aprobó la Ley de Comunicación Social mejor conocida como “Ley Chayote”.

La ley pasó sin modificaciones, a pesar de que partidos adversos, organizaciones civiles y medios independientes pidieron que se modificara la versión presentada por la bancada  del PRI.

Al reclamo contra la ley, que permite institucionalizar  malas prácticas en la publicidad oficial -como la promoción indiscriminada de funcionarios públicos- , se le sumaron organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales también fueron ignorados.

La Ley tampoco cumple con lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien advirtió que se debía integrar en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras por los diferentes partidos políticos, así como considerar las recomendaciones de colectivos, expertos en derechos humanos y medios de comunicación.

Además deja en un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Sin marco normativo

“Esta ley viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, advirtió el colectivo MediosLibres.

Tampoco hicieron caso al llamado de organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el INAI o de las relatorías para la libertad de expresión de la CIDH y de las ONU.

La acción también fue critiada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en México, quien en su cuenta de Twitter se pronunció en contra al asegurar que al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta estándares internacionales de derechos humanos se ha perdido una “oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la #PublicidadOficial en México”.

El especialista advirtió que la Ley Chayote mantiene el sistema de discrecionalidad, no pone límite a los montos a ser otorgados y no establece controles externos o sociales como contrapeso al sistema de asignación.