Este miércoles 14 de agosto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declararon oficialmente a Claudia Sheinbaum Pardo como la próxima presidenta de México tras validar el cómputo final de los comicios del pasado 2 de junio, en donde la ex jefa de gobierno obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representa 59.75% de los sufragios.

Durante la sesión pública de este miércoles, los magistrados se reunieron para discutir y votar el dictamen de cinco puntos relativo al cómputo final de la elección.

El dictamen que se discutió señaló en el primer punto que Claudia Sheinbaum recibió la mayoría de votos; segundo que el proceso democrático cumplió con los principios constitucionales; tercero que la presidenta electa cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución; cuarto se le declara como la primera presidenta electa para que se desempeñe en el periodo 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030, y quinto se ordena expedir la constancia de mayoría y validez.

El dictamen fue votado por unanimidad por los magistrados Felipe de la Mata, Janine Otalara, Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Claudia Valle Aguilasocho y Mónica Soto.

Con esta declaratoria Claudia Sheinbaum Pardo se convierte en la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

Previo a votar por unanimidad, los magistrados hicieron un reconocimiento a la labor de todas las instituciones involucradas en el proceso democrático y la voluntad de la ciudadanía respecto a la decisión tomada en las urnas. Aunque, en el caso de Janine Otálora hizo tres criticas que estuvieron presentes en el proceso y que era necesario visibilizar como un precedente.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora Malassis compartió sus criticas sobre el proceso democrático en que la “política puso sus tiempo a los plazos de la ley”, pero también señaló la intervención que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde las conferencia matutinas y sus ataques contra Xóchitl Gálvez Ruiz, y la violencia electoral derivado a los casos de candidatos y aspirantes que fueron reportados a lo largo de la contienda.

“El inicio de este proceso electoral para renovar la presidencia de la República estaba legalmente previsto para el 7 de septiembre de 2023, sin embargo, las dos coaliciones que obtuvieron la mayoría de los votos decidieron adelantar el proceso para seleccionar sus candidaturas, aquí la política puso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral se pudieron frenar esta decisión”, la magistrada.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincidió en la necesidad de reformar y ajustar la ley electoral, luego de que los partidos y actores políticos adelantaron los tiempos y trasgredieron artículos de la Constitución y la la Ley General del Instituciones y Procedimiento Electorales.