La muerte de tres personas, el robo de urnas, las decenas de denuncias y parte del conflicto post-electoral por la gubernatura de Puebla, fueron temas en los que la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo especial hincapié en su informe final de los comicios en México, proceso descrito como “excepcionalmente violento”.
El informe publicado el pasado 20 de noviembre de más de 131 páginas, resalta no solo la violencia que ocurrió durante la jornada del 1 de julio, sino también exhibe los autoproclamos de Martha Erika Alonso Hidalgo y Miguel Barbosa Huerta como los ganadores de la contienda electoral como los responsables de las “fuertes tensiones post-electorales”, el más grave es que a casi 15 días de que se realice el cambio de administración, en el caso de Puebla aún no se define si la elección tendrá que repetirse o se confirma el triunfo de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle.
De acuerdo con el informe Puebla no solo fue violenta durante la jornada electoral, sino también fue la tercera más violenta para los políticos durante el periodo de contiendas internas, precampañas y campañas, periodo en el que fueron asesinados 15 aspirantes a algún cargo de elección, solo por debajo de Guerrero con 27 y Oaxaca con 29 casos.
La jornada electoral
Del día de la elección, los visitadores destacaron las tres muertes de personas en “incidentes relacionados con las elecciones”, el robo de urnas, la quema de boletas y la actuación de las autoridades electorales.
En total contabilizaron la cancelación de la votación en 21 casillas por hechos violentos como riñas, vandalismo, la toma de más de 60 casillas y el robo de 8 mil 800 boletas en la capital y 3 mil más en Azúcar de Matamoros e incluso balaceras que impidieron continuar la jornada electoral.
Todos esos factores convirtieron a Puebla en “el caso más delicado”, mismo que superó a Michoacán, Chiapas y Guerrero en números de homicidios, o por el robo documentado de 8 mil 800 boletas en la capital y 3 mil más en Azúcar de Matamoros.
Después del 1 de julio se registraron en promedio 200 denuncias electorales y 69 detenidos, mientras que respecto a lo ocurrido en el Hotel M&M Grand, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) comunicó el 6 de julio que se trataba de:
Documentos que se utilizaron en la elección concurrente del domingo 1 de julio, que de acuerdo con la ley en la materia, los partidos políticos pueden tener en su poder, dado que se trata de copias de las actas de inicio, cierre, cómputo e incidencias de los diferentes tipos de elecciones.
De todo lo ocurrido se advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE), quien logró reunir pruebas para interponer 26 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable, sin embargo, casi cinco meses después, no hay una sola persona detenida.
El apartado finaliza advirtiendo que el caso aún no es resuelto, pues aunque el 10 de octubre el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resolvió “confirmar la declaración de validez de la elección de gubernatura, así como la entrega de constancia de mayoría” a favor de la candidata de la coalición “Por Puebla al Frente”. Esta última decisión fue apelada ante el TEPJF y al 30 de octubre de 2018, está pendiente de ser resuelta en esta instancia”.
