En 7 años, de 2012 a 2019, más de 30.89 hectáreas afectadas por derrames de hidrocarburo provocados por tomas clandestinas, cifra con la que el estado se colocó en el tercer lugar nacional con la mayor superficie dañada.
Así se advierte en el análisis “El robo de hidrocarburos en ductos. Un delito enemigo del medio ambiente” del el Instituto para la Gestión y Vinculación Municipal (Igavim), estudio que además ubica a Puebla en el segundo lugar en cuanto a derrames identificados, al sumar 968.
Si se considera la superficie afectada, el estado con más hectáreas afectadas es Guanajuato, con 64, seguido de Tabasco con 61, el Estado de México con 24 y Veracruz con 20 hectáreas.
El listado lo completan 20 estados más que en los que también se reportan afectaciones, mismas que de maneja conjunta suman 276.90 hectáreas, equivalente a 2 millones 769 mil 99 metros cuadrados.
Mientras que, Baja California Sur, Guerrero, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, son los únicos estados que no tuvieron registros de derrames o zonas dañadas.
968 casos
Durante los últimos años, el estado de Puebla también se convirtió en el segundo estado con más sitios identificados con derrames, al sumar 968, solo por debajo de Guanajuato que reporta 3 mil 995.
El top lo completa Veracruz, con 456; Hidalgo, con 446 y el Estado de México, con 348. Mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 58 mil 394 tomas.
Ante este panorama el Igavim advierte la falta de marcos legales para combatir y disminuir los daños ambientales causados por el huachicol, pues tampoco existe claridad sobre en qué dependencia federal debe recaer la responsabilidad para el saneamiento de los suelos y aire.
También debe considerarse la falta de claridad entre los registros de tomas clandestinas y la superficie afectada, misma que se debe a un desfase que impide dimensionar la problemática. Ejemplo de ello es Puebla, donde solo se contabilizan 968 sitios con derrames, aunque datos oficiales advierten que en dicho periodo de tiempo se han localizado 8 mil 388 tomas clandestinas.
En consecuencia tampoco puede existir claridad en el seguimiento que se le da a estos derrames o los gastos y montos ocupados para atender este problema, por lo que tampoco puede estimarse el daño en suelo profundo o las afectaciones directas que causa a los habitantes.
Por Gabriela Xelano
