Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), anunció que ya han sido librados 16 personas, consideradas “presos políticos” mientras se revisan 352 casos de personas encarceladas “injustamente”.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la ministra anunció los avances en el tema de defensa de derechos humanos, advirtiendo que las liberaciones se hicieron en diciembre,

“En el mes de diciembre hemos revisado los 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahora hemos liberado 16 personas. Estas personas, muchas de ellas, no han tenido siquiera una sentencia después de muchos años privadas de su liberad”.

Sin dar mayores detalles sobre los liberados, explicó que se trató de ambientalistas y opositores a la reforma educativa impulsada por el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, y posteriormente cancelada por la nueva administración.

Además indicó que la Segob estableció una mesa especial para revisar los casos de personas “privadas de la libertad injustamente”, hallando “rezagos importantes” en el ejercicio de la justicia y una privación de la libertad “prácticamente ilegal”.

No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada.

López Obrador indicó que el objetivo del nuevo plan es que “no haya presos políticos y que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política”.

Además aseguró que en esta nueva etapa se buscará “justicia” y “reparación de daño” para que “los inocentes puedan salir de las cárceles”.

El programa revisará todos los casos sin sentencia y en un principio deberá beneficiar a indígenas, mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales y políticos.

¿Y Chiapas?

Sobre el desplazamiento forzado del que han sido víctimas por lo menos 600 indígenas chiapanecos, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Segob, remarcó que se está trabajando con el gobierno del suroriental estado de Chiapas.

Aseguró que el desplazamiento es fruto de un conflicto agrario entre poblaciones autóctonas y, ante la problemática, se está dando ayuda de “carácter humanitario”.

Ello pese a que se ha acusado que fue el entonces gobernador Manuel Velasco Coello, quien permitió que dichos conflictos crecieran, pues pocas veces intervino para apoyar a los pobladores que poco a poco han sido desplazados.