Otra vez se suspende construcción del aeropuerto de Santa Lucía
Un juez federal concedió una suspensión definitiva mediante la cual se ordena al gobierno dederal detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que se resuelva el juicio de amparo.
La orden judicial, dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en uno de los juicios de amparo promovidos por la iniciativa #NoMásDerroches, también ordena mantener las obras del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM).
Lo anterior guarda congruencia con lo resuelto el lunes de esta semana en el mismo sentido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver un recurso de queja emanado del mismo asunto.
El Poder Judicial de la Federación ya había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de la construcción Santa Lucía, sin embargo, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, entre otros.
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Es decir, una vez obtenidos todos los permisos y estudios en dichas materias que, en su mayoría, dependían de la propia Administración Pública Federal, estaría el gobierno en posibilidad jurídica de iniciar la construcción del aeropuerto sin importar que los juicios de amparo no hubiesen concluido aún.
Con esta nueva medida cautelar obtenida, la construcción tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva. Lo anterior es acorde con lo que ha venido solicitando el colectivo desde un inicio: antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento de las obras en Texcoco, el Poder Judicial de la Federación debe determinar si la decisión del gobierno cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 134 de la Constitución.
En tanto, #NoMásDerroches continuará con su defensa jurídica para que reanude el proyecto en Texcoco, y en esta ocasión se cuenten con mecanismos de transparencia y sean rigurosamente vigilados por autoridades y ciudadanía.
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redaccionph