Redacción

La Comisión Inspectora de la LX Legislatura, que preside la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, aprobó por unanimidad el dictamen para la expedición de la Ley que establece los procedimientos de entrega-recepción en los poderes públicos, los ayuntamientos y órganos constitucionalmente autónomos y públicos paraestatales de la administración.

Con este procedimiento reformatorio se norma y se regulariza el régimen transitorio para los diferentes niveles de gobierno en Puebla y los sujetos obligados en el acto de entrega-recepción, con la creación de un marco jurídico, siendo los órganos internos de control los que establecerán los procedimientos con bases y principios en los cambios de gobierno.

Esta nueva Ley, está conformada por cuatro títulos, 7 capítulos y 26 artículos, además se derogan los artículos 65 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para que este ordenamiento no se contraponga y pueda proceder su aplicación en los procesos de entrega-recepción.

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En el marco de la discusión, la diputada Mónica Lara Chávez señaló que la expedición de la Ley que establece los procedimientos de entrega-recepción, en los poderes públicos, beneficiará a la ciudadanía, al permitir que durante la transición o cambio de administraciones se garanticen los principios de transparencia y legalidad.

En tanto, el diputado Miguel Trujillo de Ita consideró que la expedición de la Ley que establece los procedimientos de entrega-recepción en los poderes públicos será de vital importancia para los ayuntamientos, ya que evitará el saqueo de documentos y recursos materiales. Solicitó que las personas que reciben la administración pública cuenten con experiencia para evitar omisiones en este proceso.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y turnada al Pleno para su aprobación final.

En otro punto de la sesión, la Comisión Inspectora que preside la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo aprobó por unanimidad el Dictamen para reformar y adicionar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Pública del Estado, en materia de Auditoría Forense.

La reforma pretende impulsar un área técnico-administrativa para desarrollar la oficina de la Auditoría Forense, esto va a permitir la revisión de hechos y evidencias para detectar actos irregulares, actividad ilícita, omisiones, causas, efectos y consecuencias de los sujetos obligados.

Las modificaciones y adecuaciones también aspiran a la modificación y homologaciones de leyes a fines, así como la creación de reglamentos para el saneamiento de actos presupuestarios en beneficio de la hacienda pública.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y turnada al Pleno para su aprobación final.

Finalmente se aprobó un exhorto a los 217 ayuntamientos del estado de Puebla, para que en el ámbito de su competencia permitan la correcta aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y su comprobación de recursos con el objetivo de evitar sanciones en la rendición de cuentas ante el órgano fiscalizador.