El Congreso del Estado de Puebla analiza una reforma legal para otorgar facultades operativas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), permitiéndole realizar revisiones e inspecciones dentro de los centros de rehabilitación, conocidos como “anexos”.

La iniciativa busca evitar que estos espacios sean utilizados como escondites por integrantes de células delictivas.

El proyecto es impulsado por el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien urgió a la Dirección Jurídica del Legislativo a agilizar el dictamen de la propuesta presentada desde noviembre pasado.

En conferencia de prensa, Villegas Mendoza argumentó que, aunque la función de estos lugares es apoyar a personas con adicciones, la realidad es que muchos operan en la opacidad. Incluso la SSP ya tiene detectados “focos rojos” donde se sospecha que delincuentes recurren al aislamiento para evadir la justicia.

“Estos centros de rehabilitación no pueden ser espacios de violencia o de crimen. Esta reforma protege la vida, la dignidad y la seguridad de las personas, y pone en orden donde hay algunos centros que ya se tienen bien identificados”, dijo.

Actualmente, el marco legal vigente limita las inspecciones a estos recintos únicamente al ámbito de la salud y la higiene, una responsabilidad que recae exclusivamente en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de la Secretaría de Salud. Esta limitación impide una intervención integral en materia de seguridad y gobernabilidad.

Al menos 240 anexos identificado

La iniciativa ha sido respaldada por Francisco Sánchez González, titular de la SSP, quien aseguró que se tienen identificados al menos 240 de estos espacios en territorio poblano.

El funcionario también reconoció que son un riesgo por su falta de controles, además reafirmó que los sitios podrían desviarse de su propósito original.

“Nosotros ya habíamos hablado con el legislador Andrés Villegas de que era necesario regular el funcionamiento (…), para que no se convirtieran en centros de malandros que, más que ofrecer soluciones, ofrecen problemas”, sentenció.

De igual forma subrayó la urgencia de acelerar el proceso legislativo para evitar tragedias como la ocurrida recientemente en el vecino estado de Tlaxcala, donde un ataque armado en un centro de rehabilitación dejó un saldo de cinco personas sin vida.

Sobre la propuesta también se pronunció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, quien advirtió su postura a favor de una regulación más estricta, pero aclaró que el dictamen no será aprobado en fast-track.

Incluso advirtió que además de la discusión en comisiones de estarán celebrando foros de consulta ciudadana para analizar a fondo la propuesta.