Diputados del Congreso dieron luz verde a la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para sancionar con uno a cuatro años de cárcel a los dueños de anexos que no cuenten con los permisos correspondientes para operar en Puebla.
Acordaron en sesión de las comisiones unidas de Salud y de Procuración y Administración de Justicia al avalar las reformas al artículo 258 Bis del Código Penal del Estado para evitar el funcionamiento irregular de los llamados “anexos”.
Además de la pena corpórea, también se establecen multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), al responsable o encargado del establecimiento que preste servicios de atención a la salud mental o adicciones sin contar con el aviso de funcionamiento respectivo.
Las mismas sanciones se aplicará a los dueños de anexos que operen sin contar con el registro de Instituciones Especializadas ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
El dictamen será discutido y votado por el Pleno del Poder Legislativo mañana jueves 8 de diciembre.
La propuesta fue enviada en el mes de junio por el titular del Poder Ejecutivo.
