Por Luis Enrique Sánchez Díaz

Hay palabras que no explican la realidad: la perfuman.

“Gobernanza” es una de ellas.

Suena moderna, democrática, técnica, participativa. Tiene esa elegancia burocrática de los conceptos que parecen haber pasado por un comité, tres consultores, una mesa interinstitucional y un taller de planeación estratégica antes de llegar al documento final. Nadie se asusta ante la palabra gobernanza. Ese es precisamente el problema.

Porque nadie se asusta ante una palabra que ha sido domesticada para que el poder deje de parecer poder.

No digo que el concepto sea inútil. Sería demasiado fácil y también injusto. Gobernanza puede servir para describir algo real: que hoy las decisiones públicas ya no se toman únicamente desde el viejo aparato estatal, sino mediante redes de actores, instituciones, empresas, organismos internacionales, universidades, plataformas digitales, comités técnicos, organizaciones civiles y especialistas.

En ese sentido, la palabra ayuda a entender que el gobierno formal ya no agota el ejercicio real del mando.

Pero precisamente ahí empieza la sospecha.

Porque si la palabra permite nombrar formas complejas de coordinación pública, también permite ocultar formas complejas de control. Y en política, como en los contratos pequeños y en las grandes traiciones, lo importante casi nunca está en lo que se dice, sino en lo que la palabra permite dejar de decir.

Antes se hablaba de gobierno. Ahora se habla de gobernanza.

Antes se hablaba de mando. Ahora se habla de coordinación.

Antes se hablaba de control. Ahora se habla de seguimiento.

Antes se hablaba de imposición. Ahora se habla de alineación estratégica.

Antes se decía: “ya decidimos”. Ahora se dice: “abrimos un proceso participativo”.

Y todos tan tranquilos.

Mientras avanzo en la escritura de Todo en regla, nada en orden, un libro sobre la cultura de la simulación y las formas en que el poder maquilla la realidad, me he encontrado con una sospecha cada vez más clara: la simulación no sólo necesita trámites, formatos, sellos, indicadores, actas, diagnósticos y ceremonias de legitimación. Necesita también un vocabulario.

Necesita palabras suaves. Palabras nobles. Palabras que conviertan el conflicto en diálogo, el control en coordinación, la imposición en consenso, la vigilancia en acompañamiento, la subordinación en articulación y el mando en gobernanza.

Ahí está una de las claves de nuestra época: el poder ya no quiere parecer poder. Quiere parecer metodología.

Por eso resulta tan interesante observar que la Cuarta Transformación, pese a su crítica frontal al neoliberalismo, no haya emprendido una crítica semejante contra ciertas palabras heredadas del lenguaje gerencial y tecnocrático. Al contrario: las ha absorbido, las ha nacionalizado y las ha cubierto con una capa de justicia social, pueblo, austeridad, bienestar y humanismo.

El caso de “gobernanza” es revelador. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 coloca como primer eje general la “Gobernanza con justicia y participación ciudadana”. No es una palabra periférica ni un adorno académico: aparece en el centro del lenguaje oficial del proyecto político actual.

La paradoja es evidente. Se critica el neoliberalismo como modelo económico, pero se conserva buena parte de su vocabulario administrativo: gobernanza, eficiencia, mecanismos, indicadores, articulación, digitalización, coordinación, transparencia, participación, buenas prácticas.

No es una contradicción menor. Es una pista.

Porque una cosa es criticar el neoliberalismo como régimen económico y otra, mucho más profunda, es desmontar el idioma administrativo con el que el neoliberalismo enseñó a gobernar sin parecer que se gobierna. La tecnocracia no sólo dejó políticas públicas. Dejó palabras. Dejó estilos. Dejó formatos. Dejó una manera de presentar la obediencia como racionalidad técnica.

La Cuarta Transformación, en muchos sentidos, combate al neoliberalismo económico, pero no siempre combate su gramática institucional. Más bien la reescribe. Donde antes se decía gobernanza para hablar de mercados, organismos internacionales y sociedad civil entendida como intermediación técnica, ahora se dice gobernanza con pueblo, justicia, bienestar y participación ciudadana.

La envoltura cambia. La pregunta permanece.

¿Quién decide? ¿Quién financia? ¿Quién convoca? ¿Quién redacta? ¿Quién valida? ¿Quién firma? ¿Quién queda fuera? ¿Quién puede modificar el rumbo? ¿Quién sólo aplaude en el foro?

La palabra gobernanza puede ser útil cuando obliga a responder esas preguntas. Pero se vuelve peligrosa cuando sirve para evitarlas.

Porque el poder moderno ha aprendido algo fundamental: ya no necesita presentarse siempre como orden vertical. Puede presentarse como mesa. Como red. Como ecosistema. Como alianza. Como plataforma. Como consulta. Como modelo de intervención. Como proceso colaborativo.

Nada de eso es malo por sí mismo. Sería absurdo negar la necesidad de coordinación pública en sociedades complejas. El problema aparece cuando la cooperación se vuelve escenografía.

Cuando se convoca a participar, pero no a decidir. Cuando se consulta para legitimar lo ya decidido. Cuando se habla de corresponsabilidad para transferir cargas sin transferir recursos. Cuando se pide compromiso ciudadano, pero se conserva intacta la estructura de mando. Cuando se habla de fortalecer capacidades locales, pero no se entrega poder real, presupuesto suficiente ni autonomía efectiva.

Entonces la palabra ya no ilumina. Encubre.

Y aquí aparece el corazón de la cultura de la simulación mexicana: todo puede estar en regla y, aun así, nada estar en orden.

Puede haber foros, actas, indicadores, fotografías, mesas de trabajo, diagnósticos participativos y documentos impecablemente diseñados. Puede haber portadas institucionales, objetivos, estrategias, líneas de acción, responsables y metas. Y, sin embargo, la realidad material puede seguir exactamente igual.

La pobreza sigue ahí. La inseguridad sigue ahí. La corrupción se recicla. La institución obedece. El ciudadano firma. El funcionario sonríe. El informe presume.

Y la palabra gobernanza hace lo suyo: suaviza la escena.

No propongo prohibir el término. Sería absurdo. Propongo interrogarlo.

Cada vez que un documento público, un programa institucional, una política gubernamental o una estrategia universitaria invoque la palabra gobernanza, habría que hacer una pausa y preguntar: ¿qué cambió materialmente? ¿Quién tiene ahora más capacidad de decidir? ¿Qué poder se redistribuyó? ¿Qué recursos se entregaron? ¿Qué decisión pudo modificar la ciudadanía? ¿Qué autoridad perdió discrecionalidad?

Si no hay respuesta, entonces quizá no hubo gobernanza. Hubo administración del lenguaje.

La gobernanza puede ser una herramienta democrática si distribuye poder, abre información, permite deliberación real, reconoce conflicto, entrega recursos, modifica decisiones y rinde cuentas. Pero si sólo administra expectativas, ordena actores, canaliza inconformidades y legitima decisiones verticales, entonces no estamos ante gobernanza democrática. Estamos ante una coreografía del mando.

Una coreografía amable. Con sillas, café, gafetes, minuta y foto oficial. Pero coreografía al fin.

Tal vez por eso la palabra ha tenido tanto éxito. Porque vivimos en una época donde el poder necesita seguir mandando, pero ya no quiere cargar con el costo simbólico de parecer autoritario. Prefiere hablar de coordinación. Prefiere hablar de redes. Prefiere hablar de procesos. Prefiere hablar de participación.

Prefiere decir gobernanza.

Por eso, cada vez que escuchemos esa palabra, conviene no aplaudir demasiado pronto. Tal vez estemos ante una forma avanzada de participación democrática. O tal vez estemos ante el viejo poder de siempre, sólo que ahora con mejor redacción.

La pregunta final sigue siendo la misma que atraviesa el libro que estoy escribiendo: ¿qué cambió materialmente?

Porque si después de tanta gobernanza todo sigue igual, entonces no hubo transformación.

Hubo simulación con vocabulario actualizado.

Todo en regla.

Nada en orden.

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Semblanza del autor

Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador universitario, analista político y consultor en inteligencia artificial, big data y toma de decisiones públicas. Escribe sobre poder, instituciones, comunicación política, cultura de la simulación y los efectos sociales de la tecnología.

Sitio: luisenriquesan.blog · X: @luisenriquesan · Telegram: t.me/profesorluisenrique

Fuente consultada

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, Sistema de Información del Diario Oficial de la Federación / Secretaría de Gobernación. Disponible en: sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5755162