Cuando las cifras gobiernan

Encuestas, indicadores y propaganda con apariencia técnica

Por Luis Enrique Sánchez Díaz

Hay una forma moderna de mandar que ya no necesita levantar la voz. No ordena: mide. No censura: grafica. No persuade: presenta porcentajes. No discute: publica una encuesta. Y, si alguien pregunta demasiado, responde con una palabra que en nuestro tiempo funciona como bendición laica: “datos”.

El problema, por supuesto, no son los datos. Sería absurdo negar su importancia. Una sociedad que no mide se condena a gobernar por ocurrencias, intuiciones y caprichos. Sin información seria no hay diagnóstico, sin diagnóstico no hay política pública y sin política pública solo queda el voluntarismo, ese viejo deporte nacional que consiste en confundir el anuncio con el resultado.

El problema empieza cuando las cifras dejan de servir para entender la realidad y comienzan a sustituirla. Cuando una encuesta no se usa para conocer lo que piensa la sociedad, sino para decirle a la sociedad lo que supuestamente piensa. Cuando un indicador no ilumina un problema, sino que lo encierra en una gráfica cómoda. Cuando el porcentaje se vuelve coartada y la metodología se vuelve misterio. Entonces ya no estamos ante conocimiento público: estamos ante propaganda con bata de laboratorio.

La política contemporánea descubrió algo muy útil: la cifra intimida. Una frase puede discutirse; un número parece definitivo. Una opinión puede combatirse; un porcentaje llega vestido de objetividad. Una promesa puede oler a campaña; una tabla estadística parece documento serio, aunque nadie sepa de dónde salió, cómo se levantó, a quién se preguntó, qué se preguntó exactamente o quién decidió presentar solo una parte de la respuesta.

Por eso conviene repetirlo, aunque incomode: no toda cifra es evidencia. No toda encuesta informa. No todo indicador explica. Hay números que aclaran, sí; pero también hay números que encubren. Hay mediciones que permiten discutir mejor y mediciones que se diseñan para cerrar la discusión antes de que empiece.

En una democracia medianamente sana, una encuesta pública debería venir acompañada de algo elemental: ficha técnica completa, tamaño de muestra, margen de error, fechas de levantamiento, método de selección, universo de estudio, tipo de entrevista, redacción exacta de las preguntas, ponderadores, responsable técnico y, cuando sea posible, base de datos o tabulados verificables. No es un lujo académico. Es el mínimo de higiene pública. Sin eso, el ciudadano no está frente a una medición; está frente a un acto de fe.

Y conviene desconfiar de los actos de fe cuando vienen impresos con logotipos institucionales.

La trampa más frecuente consiste en presentar el dato como si flotara limpio en el aire, sin historia, sin intereses, sin condiciones de producción. “El 60 por ciento piensa esto”. “La mayoría respalda aquello”. “La percepción ciudadana favorece tal política”. Todo suena muy contundente hasta que aparece la pregunta incómoda: ¿quién midió?, ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿con qué pregunta?, ¿con qué muestra?, ¿con qué financiamiento?, ¿con qué propósito?, ¿y por qué se difundió justo ahora?

La última pregunta suele ser la más peligrosa. Porque los datos también tienen calendario. Una encuesta no solo mide; aparece. Y aparece en un momento político, dentro de una disputa narrativa, para producir un efecto determinado. A veces para legitimar una decisión ya tomada. A veces para corregir una conversación pública que se está saliendo de control. A veces para decirle al ciudadano: “usted cree que hay rechazo, pero mire, los números dicen otra cosa”.

En ese punto, la cifra deja de ser espejo y se vuelve escudo.

No se trata de caer en el extremo contrario, el de quienes rechazan cualquier medición porque contradice sus prejuicios. Ese reflejo también es cómodo y mediocre. Si la encuesta favorece mi causa, la cito; si la contradice, la llamo vendida. Así no se piensa: así se milita con calculadora prestada.

El criterio serio debe ser otro. Una medición no vale porque confirme lo que yo quiero creer, ni se invalida automáticamente porque me incomode. Vale si puede ser auditada. Vale si su metodología resiste preguntas. Vale si permite distinguir entre información, interpretación y uso político. Vale si no le pide al público obediencia, sino revisión.

El poder, en cambio, prefiere lo contrario: que la cifra cierre el debate. Que el número funcione como decreto. Que la gráfica ocupe el lugar de la explicación. Que el ciudadano, ante el porcentaje, se sienta ignorante, menor de edad, incapaz de preguntar. Para eso se inventó la solemnidad técnica: para que la propaganda no parezca propaganda, sino diagnóstico.

En México hemos visto muchas versiones de esta coreografía. Informes que convierten carencias en láminas elegantes. Indicadores que mejoran justo donde la vida empeora. Evaluaciones que miden cumplimiento administrativo, no transformación real. Rankings que fabrican prestigio. Encuestas que aparecen como salvavidas narrativos en medio de decisiones polémicas. Y, desde luego, comunicados que confunden “la gente aprueba” con “logramos instalar una versión conveniente de lo que la gente supuestamente aprueba”.

La pregunta democrática de fondo no es si debemos usar datos. Claro que debemos. La pregunta es quién controla las condiciones bajo las cuales esos datos se producen, se seleccionan, se interpretan y se difunden. Porque el dato sin transparencia no democratiza la conversación: la administra. Y una conversación administrada puede ser más eficaz que una conversación prohibida.

La censura burda quita la palabra. La propaganda técnica hace algo más sofisticado: conserva la apariencia de discusión, pero distribuye de antemano los lugares de autoridad. De un lado, los que “tienen los datos”. Del otro, los ciudadanos que solo tienen dudas, experiencia, enojo o memoria. Como si la experiencia cotidiana no fuera también una forma de información. Como si la inconformidad ciudadana tuviera que pedirle permiso a una gráfica para existir.

Hay algo profundamente antidemocrático en esa operación. No porque los expertos no importen, sino porque el experto usado como escudo del poder deja de cumplir su función pública. La técnica es indispensable cuando abre preguntas, mejora decisiones y vuelve verificable lo que antes era opaco. Pero cuando la técnica se convierte en sello de legitimación para decisiones previamente tomadas, entonces deja de ser conocimiento y se vuelve ornamento del mando.

El viejo poder decía: “porque lo digo yo”. El nuevo poder dice: “porque lo dicen los datos”. La frase suena más civilizada, pero puede esconder el mismo problema: la negativa a deliberar. Solo que ahora la imposición llega con porcentajes, infografías y lenguaje metodológico suficientemente vago para parecer serio y suficientemente incompleto para no poder revisarse.

Por eso la exigencia mínima no es heroica ni radical. Es casi aburrida: publiquen la ficha técnica. Publiquen la metodología. Publiquen las preguntas. Publiquen los criterios de selección. Publiquen los tabulados. Digan quién pidió el estudio, con qué finalidad, con qué recursos y bajo qué responsabilidad institucional. No para linchar a nadie. No para negar de antemano el resultado. Para que el resultado pueda ser tratado como información pública y no como consigna ilustrada.

Una encuesta sin posibilidad de auditoría es como una urna transparente colocada en un cuarto cerrado: se ve limpia desde afuera, pero nadie sabe qué ocurrió adentro. Y en política, lo que no puede revisarse no debería usarse para exigir confianza.

Ahí está el núcleo del problema. La confianza pública no se decreta con cifras; se construye permitiendo que las cifras sean interrogadas. La legitimidad no nace del porcentaje favorable, sino de la posibilidad de verificar cómo se obtuvo. Una autoridad que confía en sus datos no los esconde detrás de frases generales. Los expone, los explica, los somete al escrutinio. Porque sabe que la transparencia no debilita la información sólida; debilita la información improvisada.

Quizá por eso tantos gobiernos, instituciones y oficinas de comunicación prefieren la niebla técnica. Les permite decir mucho sin mostrar demasiado. Les permite fabricar una sensación de respaldo social sin asumir el costo de probarlo. Les permite gobernar no solo sobre la realidad, sino sobre la percepción de la realidad.

Y ese es el punto decisivo: hoy la disputa política no ocurre únicamente en las calles, en los congresos o en los tribunales. Ocurre también en el campo de lo medible. Quien define qué se mide, cómo se mide y cuándo se difunde, no solo describe el mundo: participa en su fabricación pública.

Por eso hay que mirar las cifras con respeto, pero no con reverencia. El respeto pregunta. La reverencia obedece.

Una ciudadanía adulta no rechaza los datos: exige poder revisarlos. No desprecia la técnica: impide que se use como máscara. No le teme a la estadística: le teme, con razón, a la estadística convertida en instrumento de obediencia.

Porque cuando las cifras gobiernan sin transparencia, la democracia no se vuelve más racional. Solo se vuelve más difícil de contradecir.

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Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador universitario, analista político y consultor en opinión pública, comunicación política, inteligencia artificial y toma de decisiones basada en datos. Su trabajo combina investigación académica, análisis crítico de instituciones y reflexión pública sobre poder, tecnología, democracia y vida universitaria.

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