Redacción

Article 19 hizo un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta para evitar que sus funcionarios utilicen el aparato estatal para inhibir la crítica y la libertad de expresión, tras denunciarse acoso judicial contra tres medios poblanos.

En el comunicado “Medios son víctimas de acoso judicial por funcionarios públicos de la administración de Miguel Barbosa, en Puebla”, publicado este jueves, el organismo defensor advierte el acoso judicial del que son víctimas e-consulta, El Popular y Datamos, y sus directores Rodolfo Ruíz Rodríguez, Carolina Fernández Galindo e Israel Velázquez García, tras publicar y replicar la columna “La corte de los milagros”.

Los señalados recibieron sendas demandas civiles por daño moral, recursos jurídicos interpuestos por el diputado Gabriel Biestro Medinilla; el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas; y al subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, en Puebla.

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A los acusados se les solicitó el pago de 5 millones de pesos por cada demanda, así como la publicación de un extracto de la sentencia en los medios demandados, abstenerse de realizar conductas ilícitas, la destrucción de archivos electrónicos respecto de las columnas de opinión y el pago de gastos y costas.

Además, como medida precautoria para garantizar el pago de la indemnización, se solicitan embargos precautorios a las propiedades de la y los demandados.

Tales acciones provenientes de un legislador y representantes del aparato del estado dejan ver que se trata de una estrategia utilizada por la gente que “detenta el poder para limitar el debate público, así como censurar e intimidar con la intención de que los afectados abandonen su postura crítica”.

Es por ello que este tipo de demandas se consideran una agresión a la libertad de expresión y una forma de acoso judicial.

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También destaca que todos los demandantes son representados por el mismo cuerpo de abogados, por lo que dejan en claro que lo que se busca no es solo inhibir la libertad de expresión de dichos medios y periodistas, sino también se busca inhibir la libertad de expresión de todos aquellos que cuestionen las acciones de la administración estatal o de cualquier político o funcionario público.

Por ello Article 19, Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI), la Red Puebla de Periodistas y el Nodo de Transparencia, exigen a los funcionarios abstenerse de proseguir con dichas demandas y respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y de información.

Finalmente, la organización recuerda que de acuerdo con tratados internacionales como de la Convención Americana de Derechos Humanos y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “nadie debe estar expuesto a procesos judiciales por daños a la reputación, por haber expresado una opinión y menos aun cuando se trata de una opinión sobre la actividad y gestión de funcionarios públicos o personas que por voluntad propia se exponen al escrutinio público”.

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Incluso, insisten al gobernador a prevenir que estos actos se sigan cometiendo durante su mandato y que los funcionarios públicos a su cargo dejen de utilizar el aparato estatal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y de acceso a la información.