Redacción

El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) avaló la gestión de una escolta Nora Merino Escamilla, diputada local de Encuentro Social, ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de la violencia política de género que sufrió por parte de su compañero Héctor Alonso Granados.

Miguel Ángel García Onofre, presidente de lIEE, es quien gestiona esta medida provisional, según se advierte en el documento de las medidas cautelares que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEE otorgó a la diputada, tras advertir que está en una posición de vulnerabilidad frente al diputado, ya que al ser públicas, se transmiten en vivo y son videograbadas, las sesiones “son el medio idóneo para que el agresor repita conductas similares”.

Debe recordarse que en más de una ocasión Alonso Granados ha emitido expresiones sexistas, basadas en estereotipos que constituyen formas de intolerancia y discriminación, descalificación y violencia por razón de género, no sólo contra Merino Escamilla, sino también contra la diputada Vianey García Romero o Tonantzin Fernández Díaz, e incluso contra todas sus compañeras legisladoras.

Sin embargo, es contra sus excompañeras de bancada y alianza a quienes más ha descalificado, tildándolas de “naranjeras”, “focas aplaudidoras”, “morsas”, “niñitas” y “aprendices de diputados y diputadas”, expresiones que han rebasado los límites del respeto, la dignidad y libertad de expresión de ideas en el marco del libre ejercicio de la función legislativa.

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Este documento forma parte de las medidas que hace unos días tomó el IEE en contra del diputado, a quien abstenerse de realizar “nuevas, similares o idénticas manifestaciones”, de lo contrario se procederá inmediatamente a ordenar su separación temporal del cargo, como medida provisional, en función del interés superior de la posible víctima y hasta que se resuelva el fondo del asunto.

La medida fue celebrada por Merino Escamilla, resaltando que se sienta un precedente y demuestra que el fuero constitucional no protegerá la violencia política de género en Puebla.

Sobre la posibilidad de contar con una escolta para realizar sus actividades, la legisladora reconoció que es una medida con la que no está de acuerdo pues en el estado existen otras prioridades en materia de seguridad.

No obstante, en caso de asignársele únicamente será por el tiempo que dure la investigación para determinar si Héctor Alonso Granados cometió violencia política de género.