Redacción

Durante la pandemia el crimen organizado no solo siguió operando, sino también implementó sus propias medidas sanitarias e impuso el toque de queda en localidades de cuatro estados, cobró impuestos y amenazó a médicos.

Así lo advierte Secretaria de Gobernación (Segob) en su informe “Observaciones sobre violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la contingencia sanitaria de COVID-19”, en el que la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob señala como la delincuencia organizada actuó en seis localidades de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Veracruz.

De acuerdo con el gobierno federal en Iguala, Guerrero, un grupo delincuencial impuso toques de queda del 19 al 25 de abril, en Petatlán amenazaron a los médicos del 3 al 9 de mayo.

En Culiacán y Los Mochis, el cártel de Sinaloa aplicó toques de queda del 12 al 18 de abril, en el primer lugar, y del 19 al 25 en el segundo. En Tuxpan, Veracruz, se reportó un caso de aislamiento impuesto por el “Grupo Sombra” del 26 abril al 2 de mayo.

Mientras que, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el Cártel Jalisco Nueva Generación aplicó cobro de impuestos durante la pandemia.

Mientras los criminales coartaron el derecho de tránsito de las personas, el informe también da cuenta de las medidas “desproporcionales” que autoridades municipales y estatales tomaron en 15 entidades federativas.

En total se implementaron 53 medidas extraordinarias que incluyeron el arresto administrativo como sanción de primera, segunda o tercera instancia, y se detectaron otras 71 medidas que incluyen la posibilidad de sanción con multas.

En ese tenor las autoridades estatales de Baja California, Colima, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Sonora, impulsaron medidas extraordinarias de arresto administrativo, mientras que Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Yucatán, Baja California, Durango y Guerrero fueron autoridades municipales las que implementaron ese tipo de sanciones.

Sobre las medidas tomadas por los gobiernos estatales y municipales, el informe precisa que resultan “particularmente preocupantes” pues -en el caso de los arrestos- generan potenciales concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2.

Además, pueden llevar a la comisión de abusos de autoridad que suelen “afectar desproporcionadamente a personas en situación de calle, personas indígenas y afromexicanas, personas de tez oscura y aquellas en situación de pobreza”.

Asimismo, se destacó que la evidencia disponible en nuestro país muestra que las sanciones no parecen ser un medio efectivo para disminuir la tasa de contagio, ya que no existe correlación entre el número de medidas extraordinarias que implican alguna sanción y la tasa de casos confirmados de covid-19.

Los oficiales

Los toque de queda no fueron un implemento exclusivo del crimen organizado, pues durante abril y mayo se contabilizaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial: siendo Sonora el estado donde más municipios tomaron tal determinación, con 20, seguido de Yucatán, con seis; Quinta Roo, con cinco; Oaxaca y Zacatecas, con cuatro; Michoacán y Baja California, con tres; Nuevo León y Guerrero, con dos y Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango y Puebla con uno, respectivamente.

También se advierte que los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho al libre tránsito y para las cuales ninguna autoridad estatal o municipal tenía competencia para dictarlos.

Por el contrario, las medidas además de ocasionar abusos de autoridad, puede tener efectos graves en materia de seguridad, ya que dichos dispositivos “facilitan la participación del crimen organizado en las acciones de castigo y filtros sanitarios, como se ha documentado en diversos estados”.