Gabriela Xelano

Puebla es una de las entidades que habría generado un subregistro de las cifras de feminicidios, secuestros y extorsiones, situación que podría deberse a que las autoridades estatales y federales manipulan y ocultan las cifras de incidencia delictiva.

Así lo advierte Causa en Común en su informe “Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación/ocultamiento de información“, documento en el cual señala que de diciembre de 2018 hasta agosto de 2020, han detectado tres modalidades para maquillar la crisis de inseguridad que vive el país: el sub-registro, la manipulación y ocultamiento de cifras de delitos de alto impacto.

Para poder presentar cifras más bajas habrían recurrido a cuatro tipos de “anomalías”: un número reducido de registros de delitos, caídas drásticas en el número de delitos registrados, números duplicados de delitos registrados e incluso se habrían reclasificado delitos graves como delitos de menor gravedad.

La organización también destaca que en el proceso no estarían involucradas solo las fiscalías estatales, también lo estaría el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), ejemplo de ello es que en sus registros la cifra de asesinatos contabilizados de diciembre de 2018 a agosto de 2020, es 24 por ciento mayor mayor a la que ha difundido el gabinete de seguridad.

Repiten cifras

En el caso de Puebla, la organización señala que se duplicó información respecto a los feminicidios, tras reportar el mismo número de casos en los mismos meses de diferentes años.

También señala que se hizo el mismo número de reportes por feminicidio en meses consecutivos: cinco casos en septiembre y cinco en octubre de 2019, mientras que en abril y mayo del presente año reportaron tres casos, respectivamente.

En lo referente a secuestros, el estado presumió una caída drástica del 71 por ciento entre los primeros ocho meses del año pasado y el mismo periodo del 2020, al contabilizar 49 casos menos.

En este delito también se detectaron números duplicados, tres registros de secuestro en diciembre de 2018 y diciembre de 2019; tres en julio de 2019 y julio de 2020.

De igual forma hizo registros del mismo número de casos de forma consecutiva noviembre y diciembre con tres casos, y dos casos en abril y mayo de 2020.

Mientras que por el delito de extorsión el estado hizo reportes del mismo número de casos de forma consecutiva en los meses de abril y mayo del año en curso, con 12 casos.

Para combatir los sub-registros la organización insiste en que debe detenerse y revertirse la tendencia hacia a militarización de la seguridad pública, e implementarse un plan de desarrollo a largo plazo para las policías y fiscalías, con procesos transparentes y verificables.

También señalan que deben capacitarse a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, a la par de establecer mecanismos institucionales de supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa.

Finalmente, insisten en que debe promoverse la denuncia ciudadana, multiplicar los mecanismos y canales para realizar las denuncias, y proveer acompañamiento y apoyo especial para personas en condiciones de vulnerabilidad, mejoras que podrían coadyuvar a que México cuente con cifras de delitos más cercanas a la realidad y, con ello, detectar los principales problemas de inseguridad para poder combatirlos.