Redacción PH

En Chile, una negligencia del Sistema de Salud ocasionó que se entregaran anticonceptivos defectuosos a mujeres, resultando 111 embarazos no deseados.

Una de las víctimas es Estefany Cavieres, una joven de 28 años de edad y con dos hijos y quien llevaba llevaba tres meses sometida al tratamiento de planificación familiar administrado en los hospitales públicos.

En entrevista con EFE, esta chica contó que un día le llamaron de su centro médico para avisarle que existían unos lotes de anticonceptivos en mal estado. Y aunque en un inicio se quedó tranquila porque sus pastillas no eran de las cajas que le indicaron, después confirmó que estaba embarazada y era parte de una centena de chilenas que estaban inscritas en un tratamiento de planificación familiar en hospitales públicos.

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Fue así que los planes de Estefany se frustraron quien tenía planeado estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud: “El mundo ya está demasiado complicado como para traer más hijos. Y ahora me pregunto: ¿en quién confío? A una le da rabia porque el sistema la deja tirada”, comenta, quien tras tres meses de embarazo no deseado y una depresión, sufrió un aborto involuntario.

Los responsables

De manera oficial las autoridades informaron que entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, dio a conocer que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas que se administraban en centros de salud públicos, estaban defectuosos, por lo que ordenaron que se retiraran del mercado.

Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de la marca Anulette CD, tan solo una semana después de retirarla, argumentando que las fallas eran visualmente detectables. El resultado de esta decisión: más de 100 mujeres chilenas denunciaron embarazos no deseados por culpa de este medicamento, algunas de ellas menores de edad, según datos de Corporación Miles.

Mientras, la institución sigue estudiando “su posición y responsabilidad en el caso”, mientras que a las víctimas tampoco se les permitió abortar, pues la negligencia de las autoridades y empresa no entra dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido.

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En tanto, el caso ya ha sido llevado a las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa “una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas”.