Maribel Velázquez @Maribel_VO

La administración municipal confirmó sanciones a cuatro trabajadores y ex integrantes del ayuntamiento de Puebla durante el primer trimestre de este año por no presentar sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma. Entre éstos destaca un expresidente auxiliar de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La presentación de la declaración patrimonial es una obligación de los funcionarios públicos, sino lo hacen pueden ser sancionados. Uno de los objetivos de solicitarla es verificar que los bienes de los burócratas coincidan con sus ingresos y descartar un posible acto de corrupción.

Daniel Meneses García, analista A de la Secretaría de Gobernación y su homóloga Mary Tere Pedauga Lastra de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, actualmente Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron castigados por no cumplir con la entrega de la información.

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Judith Elizabeth Ramírez Martínez, coordinadora del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) también incumplió con la declaración patrimonial según la PNT.

Hugo López Cosca, expresidente auxiliar de Ignacio Romero Vargas, tampoco cumplió con esta responsabilidad. Su caso data de 2019 según su expediente. El exfuncionario es hermano del actual presidente auxiliar, Miguel López Cosca.

En febrero de 2019, Hugo López Cosca, hermano de Miguel, entonces candidato de la planilla “Gestión con Acción” a la presidencia auxiliar de Ignacio Romero Vargas, fue señalado de comprar votos y por ello fue detenido por las autoridades.

Aunque la falta de todos los burócratas fue la misma, la sanción no lo fue. A Daniel Meneses García y Judith Elizabeth Ramírez Martínez se les aplicó una amonestación pública, mientras que a los otros se les impuso una inhabilitación conforme con la información de la PNT.

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Mary Tere Pedauga Lastra fue inhabilitada temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas durante seis meses. Mientras que a Hugo López Cosca se le aplicó la misma, pero por tres meses.