A nivel nacional, Puebla es el tercer estado del país con más casos de jueces y magistrados que colocaron a familiares, hijos, parejas y exparejas en puestos de trabajo del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF).

De acuerdo con el informe “El déficit meritocrático” que elaboró el investigador Julio Ríos, en dicha práctica ha caído el 51.52 por ciento de los jueces y magistrados.

El estudio impulsado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advierte que 66 de los representantes del órgano encargado de procurar justicia, empleó a 34 tiene parientes, 11 son su pareja o expare­ja; tres tienen a sus hijos; 13 a sus papás y nueve a sus hermanos.

El estudio separó las relaciones familiares que hay en el sistema judicial del país en “endogámicas” y de “intercambio”. Las primeras se refieren a puestos de trabajo que se buscaron para familiares en una nueva jurisdicción, y las segundas a cargos que se intercambian entre empleados de una misma o de diferente área.

En el reporte también advierte que “la contratación de familiares sin los filtros adecuados puede tener efectos negativos en la impartición de justicia”, como interferir en los casos y en el sentido de las sentencias, generar favores y complicidades, y menoscabar la motivación de quienes ven que las relaciones determinan el desarrollo profesional.

Dicha práctica no es exclusiva de los magistrados y jueces sino que es una constante en todo el sistema, ejemplo de ello es que se detectaron a 424 empleados de niveles inferiores que tienen a 649 familiares trabajando en el Poder Judicial.

De esta cifra hay un funcionario que colocó hasta 12 de sus cercanos, dos más tienen a seis, cuatro a cinco, 18 a cuatro, 30 a 3, 74 a dos, y otros 295 cuentan con sólo un familiar enrolado en la estructura del PJF.

Ser familiar sí es un merito

Según la investigación, se estima que el 30 por ciento del total de los empleados que hay en el estado llegó al Poder Judicial por un familiar.

En tanto, el 48 por ciento de los familiares que están dentro obtuvieron cargos que deberían ser concursados y otorgados por méritos académicos.

El problema, insiste, es que termina creándose redes familiares las cuales incluso podrían influir en las sentencias.

“Es posible también que se formen redes familiares con fines potencialmente más perniciosos, por ejemplo, influir en la producción o el sentido de las sentencias”, se afirmó en el informe.

Con dicha cifras Puebla se ubicó por debajo de Nuevo León, en donde hay 41 funcionarios con 96 titulares y Jalisco con 55 y 136 casos, respectivamente.