Japón recibió este martes el visto bueno definitivo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) -perteneciente a las organizaciones internacionales conexas al Sistema de las Naciones Unidas (ONU)- para verter al Pacífico agua contaminada de radiación y depurada de la central de Fukushima.

La medida anterior es considerada clave para el desmantelamiento de la planta pero que genera gran polémica por las posibles afectaciones que podría causar al ambiente, no obstante las autoridades niponas aseguran que los residuos radiactivos restantes en el líquido tras el proceso de depurado y diluido no superarán los mil 500 becquereles por litro antes de llegar al mar. Esto equivale a una séptima parte del máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable.

Fue en abril de 2021 cuando el Gobierno de Japón aprobó su plan elaborado junto a la compañía energética Tokyo Electric Power (TEPCO) para deshacerse de las toneladas de agua contaminada de materiales radiactivos que se acumulan en la accidentada planta de Fukushima Daiichi a raíz de la crisis nuclear desencadenada una década antes por un terremoto y un devastador tsunami.

El Ejecutivo nipón, la operadora de la planta y el regulador nuclear japonés se decantaron por el vertido al océano como la mejor vía para solucionar el problema del almacenamiento limitado para el líquido dentro de las instalaciones nucleares, y tras descartar otras alternativas por su complejidad técnica o su mayor coste.

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El plan, que fue elaborado en colaboración con el OIEA, consiste en verter al Pacífico de forma gradual más de 1.32 millones de toneladas de líquido contaminada de radioisótopos, tras ser procesada para retirarle la mayoría de esos materiales altamente radiactivos y diluida en agua marina.

Agua radiactiva

El agua radiactiva generada en la planta tras estar en contacto con los reactores nucleares dañados se filtra en unos circuitos llamados ALPS (Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos), capaces de retirar 62 tipos de materiales radiactivos, a excepción del tritio y del carbono-14, según las autoridades japonesas.

Este proceso de depurado se repite tantas veces como sea necesario en la red de bidones y procesamiento hasta garantizar que la concentración de materiales radiactivos está por debajo de los límites fijados por Japón a partir de estándares internacionales.

Tanto el Gobierno japonés como el OIEA mantienen que el vertido se ajusta a las normativas internacionales de seguridad aplicadas para la industria nuclear y de protección radiológica, y señalan que la presencia de residuos radiactivos en aguas próximas a la central será analizada durante el vertido para detectar posibles anomalías.

Según los cálculos de las autoridades japonesas y las conclusiones del OIEA, los niveles de radiactividad resultantes del vertido en las aguas próximas a la central serán prácticamente idénticos a la radiación ambiental, por lo que consideran que el impacto radiológico será “insignificante” para la salud humana y el medio ambiente.

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Sin embargo, ciertas voces de la comunidad científica internacional, entre ellas la Asociación Nacional de Laboratorios de Biología Marina de Estados Unidos (NAML), han llamado a detener el vertido al considerar insuficientes los datos aportados para justificar su seguridad.

También han protestado o mostrado inquietud por su posible impacto la industria pesquera local de Fukushima, el Foro de Países del Pacífico y países vecinos como Corea del Sur y China.

Japón argumenta asimismo que los vertidos al mar de agua contaminada de tritio son una práctica habitual en la industria nuclear, en algunos casos con concentraciones mucho mayores de las previstas en Fukushima.

El Gobierno nipón señaló que el vertido comenzaría a partir de una fecha sin determinar durante este verano.

La ingente cantidad de agua contaminada que se acumula en la central -y que sigue creciendo de forma diaria-, unida a los límites regulatorios de seguridad, hacen que el vertido pueda prolongarse varias décadas e incluso extenderse hasta el mismo horizonte estimado para el desmantelamiento de la planta, entre 2040 y 2050.