La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desvío de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), actualmente Conahcyt, que superan los 400 millones de pesos durante la administración de María Elena Álvarez-Buylla.

El monto total asciende a 410.63 millones de pesos desviados entre 2019 y 2023, representa una situación inédita para el organismo, pues es más de diez veces superior al total de irregularidades no aclaradas registradas en los 20 años previos a su gestión.

Por esa razón, la ASF interpuso una primera denuncia por el desvío de recursos de 2021, año que concentra el mayor monto de posible malversación con más de 220 millones de pesos.

Las auditorías forenses, iniciadas en 2019 tras sospechas de irregularidades, identificaron 27 casos distintos de posible quebranto patrimonial. Entre las anomalías detectadas se encuentran pagos indebidos, sobreprecios y servicios inexistentes. Específicamente, se hallaron sobreprecios en contrataciones (como el servicio de comedor institucional), transferencias a investigadores y ayudantes sin convenios formales o en padrones duplicados, pagos a beneficiarios de investigadores fallecidos, montos de becas superiores a los límites normativos, y pagos con presupuestos de años incorrectos o sin justificación.

Las observaciones se basan en incumplimientos a diversas leyes, incluyendo la Constitución y las normativas de presupuesto, adquisiciones y el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.

Las autorías también observaron más de 70 millones de pesos en potenciales malversaciones en 2023, concentradas en el programa de Becas Nacionales de Posgrado.

Las fallas incluyeron pagos indebidos, falta de comprobación de recursos, deficiencias en la supervisión, y problemas en la actualización de padrones, a pesar de la existencia de normatividad.

La ASF también señaló deficiencias en las contrataciones por falta de competencia real en licitaciones y ausencia de verificación de experiencia de proveedores. Los informes de la ASF indican que, a pesar de identificar pagos indebidos, la entidad no acreditó mecanismos claros para recuperar los recursos ni sancionó a los funcionarios responsables.

De no comprobarse o aclararse el destino de los fondos o su reposición podría resultar en nuevas denuncias ante la FGR.