María Teresa Castro Corro, ex secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, ha sido declarada “plenamente responsable” de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por la inversión irregular de más de 604 millones de pesos en Accendo Banco, institución que quebró poco después.

De acuerdo con el periodista Valentín Varillas, en su columna “La Tempestad”, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla le ha impuesto una sanción ejemplar: una indemnización de 362.9 millones de pesos, equivalente al 60% del daño total, y 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fallo fue emitido el 30 de septiembre y se basó en el artículo 78, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permite sanciones agravadas en casos de daño patrimonial significativo.

El desfalco se remonta a 2021, durante el gobierno de Miguel Barbosa cuando el gobernador y la secretaria Castro Corro mantuvieron el quebranto en total secrecía, luego de que realizaran varias inversiones, depósitos por 3 mil millones de pesos, en Accendo Banco, al cual en noviembre de 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le revocó la licencia del banco por falta de liquidez, resultando en la pérdida total de esa inversión pública.

La exfuncionaria admitió públicamente la pérdida de los recursos hasta abril de 2023, cuando aún era secretaria de Finanzas del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y poco después dimitió a su cargo.

La resolución judicial actual representa la sanción más severa dictada hasta ahora por un tribunal estatal contra un exfuncionario del sexenio anterior, perfilándose como uno de los mayores escándalos financieros en la historia de Puebla. La sentencia se emite en un contexto donde el magistrado ponente, Martín Fuentes Morales, mantiene presuntos vínculos con el actual grupo político en el poder, según el columnista.

Además del caso Accendo, Castro Corro enfrenta otras investigaciones una por la inversión en el bróker Fóndika, el cual ofrecía rendimientos financieros por debajo del promedio del mercado, además de un litigio fiscal perdido por el estado.