Un total de 39 localidades del sur de Veracruz y Tabasco han resultado afectadas por la presencia de aparente petróleo en aguas del Golfo de México, situación que ya impacta actividades económicas como la pesca y pone en riesgo la fauna de estos ecosistemas.

A una semana de detectado el posible derrame, la organización Red Corredor Arrecifal del Golfo de México denunció, a través de un boletín de prensa, presuntas omisiones de las autoridades en la atención del problema, así como falta de transparencia sobre las causas del incidente y ausencia de apoyo para las comunidades que han comenzado a limpiar las playas por su cuenta.

Según el comunicado, Pemex únicamente ha intervenido en tres zonas afectadas. En Coatzacoalcos se realizó una jornada de limpieza el 5 de marzo, en la que la empresa contrató a 40 personas de la localidad para retirar algas y madera contaminadas con hidrocarburo. En contraste, en Paraíso y Sánchez Magallanes, en Tabasco, la limpieza se llevó a cabo sin la participación de habitantes locales, pese a que sus actividades económicas han sido interrumpidas por la contaminación.

En el resto de las comunidades afectadas, señalan las organizaciones, los propios pobladores han asumido las labores de limpieza sin capacitación, equipo ni medidas de seguridad, ante la ausencia de respaldo institucional.

Además de los impactos económicos, ambientalistas advierten sobre posibles consecuencias ecológicas. La falta de información oficial genera incertidumbre sobre si los residuos de hidrocarburo podrían sedimentarse en el fondo marino, lo que afectaría a futuro la extracción de ostión. También preocupa la cercanía de la temporada de desove de tortugas marinas, luego de que ya se registró al menos un ejemplar cubierto de petróleo.

Ante este panorama, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y otras organizaciones ambientalistas exigieron atención inmediata de las autoridades, una investigación transparente sobre el origen y alcance del presunto derrame, así como sanciones a los responsables.

Entre sus demandas también se incluye la implementación de programas de limpieza que integren a las comunidades afectadas, diagnósticos sobre el impacto ambiental en los ecosistemas, la instalación de centros de atención para fauna silvestre, y indemnizaciones para pescadores, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y restauradores de la laguna que han visto afectada su actividad económica.