El gasto público destinado a los congresos locales en México muestra diferencias significativas entre estados, exhibió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al compartir el costo anual por legislador de cada uno de los 32 estados, el cual puede variar más de cinco veces entre entidades.

Baja California es el estado con el congreso más caro, donde cada diputado local representa un gasto anual de 34.8 millones de pesos, le siguen Morelos con 31.8 millones, Michoacán con 30.2 millones y la Ciudad de México con 28.5 millones por legislador.

También destacan entre los congresos más costosos Jalisco, con 26.7 millones por diputado, y el Estado de México, con 26.4 millones, a pesar de que esta última entidad cuenta con 75 diputados, el mayor número de legisladores locales en el país.

En contraste, varios estados operan con costos significativamente menores. Colima registra el gasto más bajo del país, con 5.8 millones de pesos por legislador. Campeche y Yucatán también se ubican entre los más austeros, con 6.1 millones y 6.2 millones respectivamente. Puebla, con 41 diputados, aparece ligeramente por encima con 7.6 millones.

Las diferencias también se reflejan en estados con poblaciones similares. Por ejemplo, Sonora gasta alrededor de 14.3 millones por legislador, mientras que Sinaloa, con una población cercana, reporta 9.9 millones.

En la zona media del país aparecen entidades como Nuevo León (12.6 millones por diputado), Zacatecas (12.2 millones), San Luis Potosí (12.1 millones) y Aguascalientes (11.4 millones).

La disparidad sugiere que el tamaño de la población o el número de legisladores no explica por sí solo el costo del poder legislativo en cada entidad. Factores como estructura administrativa, gasto operativo, personal de apoyo y prestaciones influyen en el presupuesto total de cada congreso.

En términos generales, mientras los estados con los congresos más caros superan los 30 millones de pesos por legislador, varios congresos estatales operan con menos de 10 millones, lo que evidencia amplias diferencias en el uso de recursos públicos para la función legislativa en el país.