Diputadas del PAN, PRI e incluso voces de Morena han cerrado filas para exigir la remoción inmediata de Leopoldo de Lara Valera, Secretario General, y Jesús Juárez Lezama, director general de Asuntos Jurídicos del Congreso de Puebla, tras quedar en evidencia su presunta “omisión sistemática” de información crítica proveniente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La controversia detonó luego de que la Corte invalidara el pasado 9 de marzo, diversas reformas locales en materia de transparencia y protección de datos personales.

Los legisladores acusaron que el Poder Legislativo poblano quedó en indefensión técnica debido a que los funcionarios señalados ocultaron el proceso legal durante meses.

Por ello en la sesión del jueves 12 de marzo, la diputada Susana Riestra Piña del PAN, desde la tribuna acusó que la Secretaría General, responsable de la Oficialía de Partes, no notificó a tiempo a los legisladores sobre este procedimiento constitucional.

“Aquí somos 41 diputados y todos merecemos respeto. Que nadie se sienta el ‘diputado 42’ ni se sienta protegido por el poder. Ningún funcionario puede estar por encima de la soberanía popular”, sentenció Riestra.

De igual forma se advirtió que desde septiembre de 2025 la Secretaría General recibió la notificación de la controversia constitucional promovida por el Gobierno Federal, pero el expediente se mantuvo oculto para la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo). Siendo contestado hasta noviembre por el área jurídica a cargo de Jesús Juárez, de forma unilateral y sin el conocimiento ni la firma de los coordinadores parlamentarios.

Finalmente los diputados fueron enterados del fallo hasta hace unos días, cuando la SCJN invalidó la reforma al último párrafo del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla, que otorgaba al Congreso local la facultad de clasificar información como reservada, una atribución que corresponde exclusivamente a la Federación.

A las críticas se sumó la diputada de Morena, Grace Palomares Ramírez, quien a través de redes sociales acusó que el avance de los proyectos legislativos en la dirección jurídica parece depender del “humor” de Jesús Juárez, lamentando que el talento de los diputados se vea frenado por la falta de compromiso de una sola persona.

En tanto, Marcos Castro, presidente de la Mesa Directiva, calificó los hechos como graves, mientras que Delfina Pozos lamentó que se pretenda manejar el Congreso como una “oficina particular”.