Tras el revés propinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de Puebla, la Red de Periodistas de Puebla manifestó su firme oposición a que el Legislativo local intente revivir el delito de “ciberasedio” bajo una nueva denominación.

La organización exhortó a los diputados a priorizar la libertad de expresión y evitar normas ambiguas que inhiban el debate público, reclamó la organización en un posicionamiento compartido en sus redes sociales, luego de que el Pleno de la SCJN invalidara el artículo 480 del Código Penal de Puebla, el cual tipificaba el “ciberasedio”.

Los ministros determinaron que la norma era inconstitucional por su ambigüedad, al utilizar términos como “vigilar”, “hostigar” u “ofender” sin definir su alcance real, lo que violaba el principio de legalidad y taxatividad.

“Una figura tan amplia y vaga no puede usarse para imponer penas de prisión. Cualquier regulación en internet debe ser clara y respetar la mínima intervención penal”, subrayó la Corte en su resolución derivada de la acción de inconstitucionalidad 88/2025.

A pesar del fallo, Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, anunció la intención de impulsar una nueva figura jurídica para sancionar el “acoso digital”.

Ante esto, la Red de Periodistas expresó su preocupación, recordando que ya existen leyes que castigan el acoso digital, conducta que ya está penalizada en el artículo 278 Nonies del Código Penal, por lo que crear un nuevo delito resulta innecesario.

A su vez recuerdan que las normas redactadas de forma imprecisa exponen a ciudadanos y comunicadores a sanciones por simples interacciones o críticas en redes sociales.

A su vez pidieron no utilizar la protección de la infancia como pretexto para construir herramientas de censura contra la ciudadanía.

Finalmente, la agrupación demandó al Congreso de Puebla derogar de forma expedita el artículo 480 para cumplir con la sentencia, la cual incluye efectos retroactivos en favor de quienes hayan sido denunciados bajo ese precepto, al mismo tiempo que le recordó al Legislativo que el revés judicial que recientemente sufrieron debe servir como una “llamada de atención” para que redacten normas técnicas rigurosas que no comprometan los derechos fundamentales de los poblanos en el entorno digital.