Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, rechazó de manera tajante la acusación emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, calificando el proceso como una estrategia con fines políticos ante la falta de “pruebas contundentes”.

Durante su conferencia matutina de este jueves 30 de abril, la mandataria minimizó la evidencia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual busca vincular a los políticos mexicanos con el Cártel de Sinaloa.

La presidenta proyectó parte del expediente estadounidense en las pantallas, cuestionando la precariedad de los documentos que sustentan los presuntos sobornos.

“Esta es la prueba que ponen ellos… es de llamar la atención, ¿no creen? Juanito, 30 mil pesos. Es una hoja de papel… R1, Tornado, pero vean el papel. Un papel”, señaló Sheinbaum al mostrar fotografías de anotaciones informales que forman parte del caso.

Asimismo, reveló que gran parte de la acusación se basa en declaraciones de testigos cuyas identidades permanecen bajo reserva, lo que, a su juicio, le resta solidez al proceso bajo el marco legal mexicano.

También detalló la celeridad con la que se movió el caso en los últimos días:

Martes 28 de abril: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención por parte de autoridades estadounidenses.

Miércoles 29 de abril: La Cancillería turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación.

Miércoles (mediodía): El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la emisión de cargos de manera oficial.

Sheinbaum subrayó que, en el sistema penal acusatorio de México, se requieren pruebas irrefutables para girar órdenes de aprehensión, algo que, según su administración, no se ha cumplido en este expediente.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, aseveró, aunque aclaró que la FGR mantiene abierta la investigación y que su gobierno “no va a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, siempre y cuando se demuestre conforme a la ley mexicana.

Entre los señalados por la justicia estadounidense se encuentran: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Juan de Dios Mendívil, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza, senador por Morena, además de siete exfuncionarios estatales.