La organización Amnistía Internacional (AI) reiteró este sábado su llamado al Estado mexicano para que los derechos humanos de las mujeres, y en específico el tema de las violencias de género, ocupen un lugar prioritario en su agenda.

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), en un comunicado, la organización llamó a las autoridades federales, estatales y municipales “a respetar el derecho de las colectivas a manifestarse y a exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres” que este día en todo el país se están manifestando.

“AI ha insistido en que es prioritario desarrollar políticas con visión de largo plazo que prevengan las violencias contra las mujeres. Esto es fundamental para cambiar las estructuras de pensamiento y los estereotipos sexistas arraigados en la idiosincrasia mexicana y que son la base de esas violencias”, apuntó el comunicado.

“Nuestro llamado para atender las violencias contra las mujeres hace eco del trabajo emprendido por la presidenta, Claudia Shienbaum, para impulsar la igualdad sustantiva”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

Además, la representante de la ONG dijo que “sería muy oportuno que el Estado mexicano establezca de manera paralela un diálogo con las colectivas para escuchar sus voces, que tienen mucho que aportar por el trabajo intenso que efectúan a diario en el terreno”.

Entre los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano con la agenda de género está la reparación integral del daño en los casos de feminicidio.

México registró 839 y 827 feminicidios en 2024 y 2023, respectivamente, tras los 959 asesinatos de mujeres por razones de género de 2022, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo que, a decir de AI, “revela la urgente necesidad de no seguir en la misma ruta y hacer los cambios necesarios para prevenirlos”.

“De acuerdo con los estándares internacionales, dicha reparación es una obligación de los Estados desde el momento en que faltan a su obligación de garantizar la vida de niñas y mujeres por su condición de género”, expuso.

Y apuntó que “esa obligación continúa cuando el Estado no investiga debidamente los feminicidios, no sanciona a los responsables y no atiende los factores de riesgo que llevan a que sean cometidos”.

Además, expresó, en una reparación integral del daño, apegada a estándares internacionales, las familias de las víctimas deben tener una participación activa, “lo que ocurre en contadas ocasiones”.

AI expuso que ha documentado ampliamente los errores que cometen las procuradurías al investigar los feminicidios.

En el informe “Muertes intolerables”, publicado en 2023, relacionado con los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, el movimiento dejó constancia de la pérdida de elementos de prueba, investigaciones deficientes y sin perspectiva de género, actuaciones incompletas, entre muchas otras falencias.

Acusó que el “trabajo deficiente de las procuradurías” al investigar las violencias de género y los feminicidios impide que las familias de las víctimas accedan a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, que incluye diversas medidas de satisfacción, así como a las garantías de no repetición.

AI dijo que ha saludado la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México y que su sensibilidad en el tema de género “es fundamental para impulsar el diálogo con las colectivas de mujeres”.

Esto, para atender y trabajar, mediante una agenda precisa, temas como el derecho a un aborto seguro; una política de prevención de las violencias de género mejor articulada; políticas de cuidado diferenciadas, por ejemplo, para víctimas de feminicidio o para las madres buscadoras; y el respeto al derecho a la protesta de las colectivas, entre muchos otros temas.

“El Estado mexicano tiene una enorme deuda con nosotras y se requieren acciones inmediatas para no seguir aplazando el derecho que tenemos las mujeres a vivir sin miedo y a disfrutar de una vida digna y sin violencias”, concluyó Edith Olivares Ferreto.